¿Puede Madrid vivir sin S&P?
Cuando una agencia de rating sube la nota es un merecido espaldarazo a la gestión del empresario o político de turno. Cuando lo baja, suele ser fruto de algún tipo de contubernio perpetrado por extranjeros que, recordemos, fallaron en la crisis de las subprime. Pocos debates hay en el mercado financiero más viciados que el de los ratings.
La (posible) decisión de Manuela Carmena de prescindir de los servicios de S&P y Fitch (Moody’s no cubre a Madrid) viene acompañada, pues, de la habitual polémica que rodea a unos y a otros. Las calificaciones financieras son una exigencia de muchos inversores, que piden una nota mínima para invertir; si no, no compran deuda. Y cuanto mejor sea la nota, menos interés exigen. Cabe pensar que Carmena, por ahorrarse unos cuantos centenares de miles de euros (esta gente no es barata), pueda hacer perder más dinero al contribuyente vía intereses cuando se maneja el balance de una entidad tan endeudada como la capital (a cambio, disponemos de una maravillosa autopista de circunvalación para llegar al atasco ritual).
Ahora, no tener ratings no es ser un bicho raro. Una cuarta parte del Ibex (nueve de 35) no tiene rating; el porcentaje sube al 33% si se excluye del cómputo el sector financiero, obligado a tener rating (nueve de 27). Son ACS, Acerinox, Acciona, FCC, IAG, Indra, Sacyr, Telecinco y Técnicas Reunidas. Las últimas dos empresas apenas tienen deuda, así como Indra. En realidad, no necesitan los ratings. Del resto, llama la atención la fuerte presencia de constructoras, un sector muy endeudado: de las seis del Ibex solo OHL y Ferrovial pagan calificaciones. Es decir, en el Ibex 35 no tienen calificación o bien las empresas que no la necesitan o las que, sobre el papel, y como es el caso de la ciudad de Madrid, más lo necesitarían.
Precisamente por su elevada deuda viven sin ratings: el acceso al mercado se ha complicado para entidades y empresas fuertemente endeudadas que, como ha sucedido con Madrid, han tirado de préstamos bancarios, en ocasiones a largo plazo, como fuente de financiación. Y los bancos no piden ratings, sino ver directamente las cuentas. Las calificaciones de S&P o Fitch son para fondos de inversión que no pueden escarbar en las cifras de cada entidad cuya deuda compran.
Así, con quien tiene que jugarse las castañas Carmena no es con los inversores en deuda, sino con los bancos que firmaron préstamos sindicados a vencer en 2025 y 2030. Aquí, el perfil de vencimientos de la deuda madrileña (vía Bloomberg).
En total, Madrid debe 3.050 millones a bancos y 1.500 millones a inversores en bonos. Durante el mandato de Carmena (2015-2018) vencen 310 millones en deuda, más otros 283 en préstamos: casi 600 millones en cuatro años. La deuda de Madrid se ha recortado a ritmos muy superiores en los últimos ejercicios, y hasta 2025 solo hay un año con vencimientos superiores a los 250 millones; 2020 con 365 de un préstamo sindicado.
En otras palabras, Madrid sí puede prescindir de las agencias de rating; la gran parte de su deuda está en manos de bancos, con los que tendrá que retratarse en su momento; la deuda en circulación se puede amortizar a medida que vence; incluso si se renuevan las emisiones, no se trata de importes cuyas subidas de tipos de interés puedan descuadrar las cuentas. Es, de hecho, similar situación a las de las constructoras: tienen mucha deuda pero concentrada en bancos. La deuda en circulación de ACS es el 20% del total, el 12% en FCC, el 14% en Sacyr y el 7,7% en Acciona. Todos, más o menos, se pueden ahorrar el dinero y la rendición de cuentas asociada a un rating.
Poder, se puede. Y quien paga, decide. Otra cosa es que sea buena idea. O en qué medida grabar conversaciones y hacerlas públicas puede condicionar negociaciones con bancos, concesionarias y otras partes con las que una gran ciudad debe sentarse. Pero, en fin, como tampoco conozco las exigencias de las firmas de rating no puedo opinar si las formas han sido excesivas. Aunque las preguntas que se han hecho públicas tengan un componente casi exclusivamente político.