Una apuesta por la involucración de los accionistas
En el panorama internacional, especialmente en los países anglosajones, se ha manifestado en los últimos años un movimiento tendente a fomentar la implicación de los accionistas de las grandes compañías mercantiles, de manera que estos, además de ejercer sus clásicos derecho a recibir información y a asistir y votar en la junta general, puedan participar de manera cotidiana en la vida de la sociedad a cuyo capital contribuyen. Esta tendencia se ha venido denominando mediante términos como engagement (compromiso) o involvement (involucración), expresivos de una relación proactiva y por ello bidireccional de los accionistas con el órgano de dirección de la sociedad con la finalidad de dotar de mayor protagonismo a aquéllos en el gobierno corporativo y en la responsabilidad social de la empresa.
Se trata de un movimiento similar al que se está experimentando en la democracia política para acercar el poder a los ciudadanos a través de instrumentos de democracia participativa que complementan, pero no por ello deben sustituir, a la democracia representativa. Con ese mismo objetivo, en el ámbito mercantil, mediante la involucración se pretende mejorar la democracia societaria facilitando canales e instrumentos para que los accionistas no reduzcan solo su función a la de votar, periódicamente, en la junta, sino que puedan ampliarla a través de una constante participación que les permita sentirse concernidos en el desarrollo de la propia organización. Sin que ello signifique, claro está, suplantar a los órganos de gobierno ni a las competencias de estos.
Iberdrola, que ha sido pionera en España en la adopción de un completo sistema de buen gobierno corporativo, ha sido también la primera entre nosotros que ha implantado formalmente esta modalidad de participación, introduciendo, entre sus políticas corporativas, una específica sobre involucración de los accionistas, que fue aprobada en la primavera de este año por el consejo de administración. La tramitación que se siguió para ello merece ser conocida, ya que pone de manifiesto una loable cultura empresarial. Una vez que el consejo decidió poner en marcha esta participación accionarial, prefirió que la redacción del texto de esa nueva política no surgiera del seno de la propia sociedad, sino que la encomendó a una comisión externa, de composición tripartita: tres representantes de las asociaciones de accionistas minoritarios más significativas del ámbito español e internacional; tres profesionales de reconocido prestigio en la materia del gobierno corporativo; y tres directivos de la propia sociedad, responsables de las relaciones con los accionistas.
Como se me atribuyó la responsabilidad de presidir esa comisión, puedo dar cuenta de la pulcritud y competencia con que realizó su labor, que culminó, de un lado, en un informe sobre la situación en que se encontraban las relaciones entre Iberdrola y sus accionistas, en el que se examinaron los modos, instrumentos y canales que existían para tales relaciones y en el que se destacaba muy favorablemente que la compañía ya venía practicando, desde hace años, una especie de involucración sin denominarla así, de tal manera que lo que faltaba era un mayor desarrollo de la misma, explicitándola y formalizándola, además, en un texto para garantizarla y dotarla, por ello, de plena efectividad. De otro lado, a ese informe se acompañó una propuesta articulada de política de involucración. Ambos, informe y texto de la propuesta de política, fueron aprobados por unanimidad de la comisión y se trasladaron al presidente y al consejo de administración de la sociedad. Este hizo suya dicha propuesta y la aprobó el 25 de marzo de 2015 implantando formalmente la política de involucración de los accionistas de Iberdrola.
En el texto de esa política se han fijado una serie de garantías, entre otras, paridad de trato respecto de los accionistas, transparencia de la interlocución con ellos, medidas para evitar conflictos de intereses y determinación de que los ámbitos donde la involucración opera son los del gobierno corporativo y la responsabilidad social. Todo ello con la finalidad de que la involucración esté asegurada y sirva para ayudar, pero no para desvirtuar, al sistema legal y estatutario de organización y competencias en el seno de la sociedad. Además, se han previsto variados canales que servirán de vehículos para la participación, desde los telemáticos, postales, telefónicos e incluso presenciales, hasta la posibilidad de interlocución directa con miembros del consejo de administración y altos directivos de la sociedad. Mediante esos instrumentos los accionistas podrán elevar propuestas, realizar críticas, entablar diálogo, actuar, en suma, de manera que puedan sentirse concernidos permanentemente por la marcha de la sociedad, debiéndose dar cuenta del resultado de esa actividad en la junta general.
Estoy convencido de que la puesta en marcha de la involucración accionarial no solo dotará de mayor eficacia y legitimidad al gobierno corporativo de Iberdrola, sino que también aumentará el valor de marca de esa compañía, que ya es un auténtico referente en los ámbitos nacional e internacional. De ahí que constituya un buen ejemplo a seguir por las grandes empresas españolas y extranjeras.
Manuel Aragón Reyes es Catedrático de Derecho Constitucional.Fue presidente de la comisión externa elaboradora de la propuesta de Política de Involucración de los accionistas de Iberdrola.