La exigencia de liquidez a los fondos baja del 3% al 1%
El Consejo de Ministros tomó el viernes una medida aparentemente secundaria en comparación a su decisión sobre el cobro de comisiones en los cajeros automáticos pero que promete tener trascendencia en la industria española de fondos de inversión.
El real decreto aprobado el viernes rebaja el coeficiente de liquidez obligatorio que deben cumplir las instituciones de inversión colectiva desde el 3% actual al 1%. Es decir, el patrimonio que los fondos deberán tener posicionado en los activos más líquidos, y también menos rentables en la actualidad, no tendrá por qué superar el 1%. El real decreto establece “un mínimo de liquidez del 1% materializado en efectivo, en depósitos, cuentas a la vista y otros”.
La medida concede más flexibilidad a los gestores de fondos de inversión justo en un momento en que los rendimientos de los activos más líquidos están en mínimos históricos, con los tipos en el 0,05%, aunque las posiciones en liquidez hayan aumentado notablemente en los últimos meses ante la elevada volatilidad del mercado. De hecho, la liquidez se convierte en un refugio en el que proteger la inversión cuando los activos habituales como la renta fija o la Bolsa acusan fuertes turbulencias, tal y como ha sucedido este verano. La rentabilidad que se obtiene es mínima pero al menos se tiene la garantía de evitar pérdidas.
Para momentos de mayor estabilidad de mercado y mejores expectativas de ganancia, la rebaja en el límite de liquidez del 3% al 1% contribuirá a mejorar la rentabilidad, ya que ampliará el nivel de patrimonio que podrá tomar posiciones de cierto riesgo, según reconocen en el sector.
Otra de las novedades que incluirá el real decreto aprobado el viernes en Consejo de Ministros se refiere al refuerzo del control del efectivo en los fondos de inversión y la separación de las cuentas de tesorería, de modo que quede bien diferenciado el efectivo que corresponde al patrimonio del cliente del efectivo que corresponde a la entidad depositaria del fondo. El objetivo es evitar bloqueos patrimoniales como el sucedido con la intervención de Banco Madrid, donde se congeló el patrimonio líquido de los fondos que tenían a dicha entidad como depositaria.
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