Bancos menos endeudados para abaratar su potencial rescate
Bruselas propone gravar la deuda para reducir el riesgo de las entidades El modelo impositivo español ha incentivado el apalancamiento de los bancos
La Unión Europea todavía no ha sacado las cuentas definitivas del coste fiscal de la reciente crisis bancaria, pero todos los borradores apuntan a una factura descomunal que ha dejado maltrechas las cuentas públicas de los países que se vieron obligados a rescatar a su sector financiero, como fue el caso de España.
La Comisión Europea calcula que, entre 2008 y 2011, los Gobiernos europeos se jugaron 1,6 billones de euros del contribuyente para evitar el colapso del sistema financiero, una intervención equivalente al 13% del PIB europeo que Bruselas describe como "sin precedentes".
Las autoridades comunitarias habían apostado hasta ahora por la vía reguladora como forma de prevenir que se repita esa debacle presupuestaria. Pero en un informe sobre fiscalidad publicado ayer, la Comisión Europea se suma a la tesis de que los impuestos sobre el sector financiero, en particular sobre su deuda, también pueden contribuir a reducir las potenciales pérdidas de los contribuyentes y obligar a las entidades financieras a actuar con más prudencia.
Bruselas recomienda modificar el actual tratamiento fiscal del sector bancario que en muchos países europeos incentiva el endeudamiento de las entidades financieras en detrimento de su ampliación de capital.
España, según la CE, es el tercer país de la UE (por detrás de Francia y Malta) donde ese sesgo está más acentuado. En el caso de España, además, el peligro se acentúa por su propia estructura del impuesto de sociedades, cuyos tipos elevados, según la CE, pueden animar a los bancos, como al resto de las empresas, a buscar desgravaciones a base de endeudarse.
La CE critica ese sesgo desde hace años y propone, a España como al resto de países, que eliminen las desgravaciones a la deuda de las empresas o que ofrezcan el mismo aliciente para el reparto de dividendos.
En el informe de ayer, sin embargo, la CE analiza por primera vez en detalle el impacto del sesgo a favor de la deuda en el sector financiero. Y concluye que, en este caso, el estímulo fiscal a la deuda puede tener impacto en la estabilidad del sector financiero y disparar la factura del erario público en caso de tener que intervenir para salvar a un banco.
Bruselas esgrime como prueba un reciente estudio (de S. Langedijk y otros, 2014) sobre la factura de los rescates bancarios en los seis mayores países de la UE (Alemania, España, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido). Y ese análisis concluye, tras extrapolar los datos de las ayudas públicas entre 2008 y 2012, que el coste social de la reciente crisis hubiera sido en España un 25% menor si régimen fiscal no hubiera alentado el apalancamiento de la banca. En Francia, según el estudio, el ahorro habría sido del 55%.
El ahorro hubiera sido muy significativo en una crisis cuyo impacto fiscal directo y neto, según el Banco Central Europeo, ha sido equivalente al 5% del PIB de la zona euro Las medidas de apoyo al sector contribuyeron a un aumento de 27 puntos porcentuales de la deuda pública de la zona euro entre 2008 y 2014, hasta situarse en el 92% del PIB.
No todo ese dinero se ha perdido y parte del apoyo fue en forma de avales nunca ejecutados. Pero el BCE ha advertido en su último informe mensual que el ritmo de recuperación de fondos por parte de los Estados (mediante la venta de los activos financieros adquiridos) está siendo más lento que en crisis anteriores.
El BCE calcula que de unos 800.0000 millones de euros en intervenciones de apoyo solo se han recuperado unos 330.000 millones, es decir, menos del 40.% Y Francfort contrasta ese dato con el de la crisis en Suecia a finales de los años 80, donde en un plazo de cinco años Estocolmo recuperó el 95% de su exposición.
Bruselas propone ahora una acción preventiva para que las pérdidas potenciales no alcancen de nuevo esos niveles. Y junto a directivas de solvencia o la supervisión estrecha de las autoridades, sugiere cortar el impulso fiscal a la deuda: bien suprimiendo las deducciones del pago de intereses, o bien extendiendo esa desgravación al pago de dividendos, para evitar que las entidades emitan deuda privad que puede acabar siendo pública.