Cataluña y la gestión de lo público
No hace tanto, cuando hacíamos alusión a la democracia en nuestro país, anteponíamos siempre el adjetivo joven. Una prueba de que nuestro sistema ha madurado es el hecho de que todos los procesos electorales celebrados en las últimas décadas se han desarrollado con envidiable normalidad; y los comicios realizados el pasado domingo en Cataluña no han sido una excepción.
Bien es cierto que el contexto en el que estos se han llevado a cabo marca algunas diferencias con respecto a otras ocasiones. La celebración de elecciones en periodos de crisis económica crea puntos de fricción que solo pueden salvarse apelando a la racionalidad. En situaciones de estabilidad, existen mecanismos de contención para garantizar los pilares del Estado del bienestar; pero no podemos olvidar que estamos sufriendo la mayor crisis económica vivida por la mayoría, que ha propiciado que actualmente el nivel de empleo de nuestro país siga siendo casi un 14% inferior respecto al comienzo de este periodo de penurias. Ante datos tan apabullantes como este, no podemos dejar de pensar que, aunque los debates ideológicos sean necesarios, la realidad económica no puede obviarse y que su gestión es prioritaria.
Sin desmerecer a otras comunidades autónomas, la catalana tiene un peso específico en el conjunto de la nación. Así, el PIB de Cataluña se acerca a los 200.000 millones de euros –el mayor de toda España seguido muy de cerca por Madrid–, lo que representa casi el 19% del total. Si a esto le sumamos otros datos, como que es la segunda comunidad en cuanto a población, que su renta per cápita ocupa la cuarta posición del ranking –solo por detrás de Madrid, País Vasco y Navarra– o que el 25% de las exportaciones españolas se deben a empresas radicadas en Cataluña, queda patente que nos hallamos ante una comunidad que tiene una capacidad de arrastre muy significativa. Nadie puede por tanto mostrarse escéptico ante el importante papel que juega esta comunidad dentro del país. El peso de la industria en Cataluña es de algo más del 16% –frente al 12% de la media nacional– y que ocupa la primera posición como destino turístico. Sin embargo, la economía catalana adolece de dos importes problemas que han de ser atajados si no queremos alejarnos de la senda de la recuperación: el gasto público –y la dificultad de esta Administración para financiarlo– y el nivel de desempleo.
La Generalitat de Cataluña gastó el año pasado 29.384 millones de euros e ingresó 24.384 millones, es decir, tuvo un desfase de 5.152 millones, lo que equivale al 2,58% del PIB –lejos por tanto del umbral fijado del 1%–; y todo apunta a que –por octavo año consecutivo– volverá a encontrarse con este problema en este ejercicio, aunque las cuentas autonómicas mejoren gracias al aumento de los ingresos de los tributos propios de las comunidades debido al repunte de la actividad. Por otra parte, la deuda pública de Cataluña suma 66.813 millones, lo que equivale a casi el 33% de su PIB, siendo la comunidad con mayor nivel de deuda solo superada por Valencia y Castilla-La Mancha. Todo lo expresado con anterioridad ha hecho que hayan tenido que incrementarse los impuestos autonómicos, por lo que, a día de hoy, Cataluña es posiblemente la comunidad con los tipos impositivos más altos, aunque el incremento de los ingresos comentado anteriormente quizá permita pequeñas rebajas. A esto hay que añadirle que, aunque su tasa de desempleo sea algo menor que la media (19,1% frente a un 22,4%), el paro en esta comunidad es mayor que el de ocho comunidades autónomas y que sus niveles de creación de empleo continúan siendo muy bajos en un contexto de recuperación económica.
Es obvio que la situación política representa una gran preocupación para la ciudadanía, pero no lo es menos que los problemas que giran alrededor de la economía subyacen en el día a día, por lo que deben ocupar un lugar prominente en la agenda de cualquier dirigente. No hay que olvidar que hay factores exógenos –como la depreciación de nuestra moneda, la política expansiva del BCE y el descenso de los precios del crudo– que han jugado a nuestro favor, por lo que no debemos despistarnos y seguir esforzándonos para que el crecimiento se estabilice. Es por ello que muchos esperamos que quienes nos gobiernen sepan simultanear dos aspectos inherentes a lo que constituye un país desarrollado: la gestión política de la diversidad y la implementación de medidas económicas que apuntalen el crecimiento y el desarrollo social.
Valentí Pich es Presidente del Consejo General de Economistas.