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La "incompetencia" de Bruselas en el caso Volkswagen

La Comisión Europea, de momento, prefiere no entrar a fondo en el caso Volkswagen, que afecta a una industria tan importante como la automovilística y a un socio tan poderoso como Alemania. Bruselas se esconde tras su presunta falta de competencias a la espera de tantear el terreno, de que el caso se extienda a otros países y compañías... o de que se disipe el escándalo en la vorágine informativa de cada día.

La primera reacción oficial de la comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, no llegó hasta ayer, 24 de septiembre, seis días después de que EE UU destapara el fraude de las emisiones de NOx en los motores diésel de Volkswagen. Y la comisaria se limitó a "invitar" a las autoridades nacionales a que investiguen lo sucedido e informen de vuelta.

Tanta amabilidad y parsimonia llaman la atención en un caso que, según la propia Comisión, puede tener repercusiones para la salud humana ("enfermedades vasculares, neurológicas y respiratorias", reconocen fuentes de la CE) y para el medioambiente.

Sorprende, además, que Bruselas extienda la duda a todos los países y todos los fabricantes cuando hasta ahora el software ilegal sólo se ha detectado en los motores de VW.

Bruselas justifica esta actitud, entre negligente y cómplice, afirmando que los controles del sistema de verificación de emisiones son competencia de las autoridades nacionales. Algo tan cierto como que la Comisión puede expedientar a esas autoridades si no llevan a cabo esos controles de acuerdo con la directiva sobre homologación de vehículos.

La propia norma obliga a facilitar a la CE los datos de los servicios técnicos autorizados para realizar las pruebas de emisiones. En 2011 como muy tarde, cada país debía informar a la CE sobre la aplicación de los procedimientos de homologación puestos en marcha. Y la directiva obliga también a las autoridades nacionales a prever y aplicar un sistema de sanciones suficientemente disuasorio para evitar fraudes como el de VW.

Aparte de esa directiva marco sobre homologación de vehículos, la CE dispone de todo un arsenal de normas medioambientales y de protección al consumidor que podría esgrimir para declararse competente en el caso. Ayer mismo, Bruselas amenazó con llevar a España ante el Tribunal de Justicia europeo por no respetar el estudio de impacto medioambiental en la nueva circunvalación de Sevilla. Y antes del verano, la CE no dudó en sumarse a la campaña contra la cúpula de la FIFA (acusada por EE UU de corrupción) y eso que las competencias sobre deporte son casi exclusivamente nacionales.

Ahora Bruselas se muestra mucho más prudente, lo cual parece lógico porque el caso afecta a una industria con millones de empleos en la UE. Menos lógico parece el trato de favor que VW disfruta en Bruselas, donde los expedientes relacionados con la compañía siguen un calendario particular.

La CE, por ejemplo, toleró durante años el blindaje accionarial de la automovilística de Wolfsburg mientras perseguía con saña las acciones de oro de España o Portugal en empresas mucho menos relevantes para la economía europea. La tolerancia con Volskwagen no era por falta de competencias y tampoco se puede atribuir a la incompentencia de la administración europea. Bruselas, simplemente, miraba para otro lado como pretende hacer ahora con el fraude de las emisiones.

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