CaixaBank y Bankia aportan la mitad de todos los pisos sociales
Las críticas del sector financiero al mal aprovechamiento de las viviendas que han cedido unidas a la presión de Carmana y Colau han llevado a Economía a flexibilizar el Fondo Social de Viviendas.
El parque de viviendas aportadas por la banca que el Gobierno constituyó para realojar a familias afectadas por los miles de desahucios hipotecarios desatados durante la crisis acaba de aumentar en más de un tercio.
En concreto, la Comisión de Seguimiento del Fondo Social de Viviendas (FSV) selló ayer su ampliación en 3.974 pisos hasta alcanzar un total de 9.866 inmuebles desde los 5.892 con que se creó el programa en 2013.
Los nuevos inmuebles, al igual que los anteriores, han sido aportados por la banca. Concretamente por un total de 29 entidades financieras que los han cedido para dar cobijo a familias que han perdido su hogar a cambio de un alquiler social que oscila entre los 150 y 400 euros al mes (siempre que la cifra no supere un 30% de los ingresos de la unidad familiar).
Las entidades que más han colaborado son CaixaBank, que ha aportado 2.629 inmuebles, y Bankia, con 1.982 viviendas. Entre las dos suman la mitad de las 10.000 cedidas en total. Les siguen BBVA, con 1.716 (si se incluyen los 355 que puso Catalunya Banc); Santander, con 890; Popular, con 671 o Sabadell, con 400.
Con todo, el gran problema de esta iniciativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy es que los requisitos para acceder a una vivienda de este Fondo son tan exigentes que durante sus primeros años de vida apenas ha sido aprovechado.
Así lo denunció, de hecho, el presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán, que el pasado junio reveló que tres cuartas partes de los inmuebles del Fondo Social de Vivienda seguían sin ocuparse.
Es decir, que el esfuerzo realizado por el sector financiero en bloque para tratar de paliar los efectos de los desahucios hipotecarios estaba cayendo en saco roto en un momento en que distintas formaciones políticas y ejecutivos regionales pugnaban por sancionar a la banca por sus viviendas vacías e incluso por expropiarlas para su uso social.
Para tratar de paliar esta situación, el Gobierno acaba de flexibilizar las condiciones de acceso para permitir que un mayor número de familias sin hogar pueda beneficiarse de semejante parque de viviendas vacías.
Diversas fuentes financieras consultadas coinciden en asegurar que las negociaciones mantenidas por el Ministerio de Economía con las entidades financieras para reforzar y ampliar este Fondo han venido detonadas por el diálogo abierto con el sector por las nuevas alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau.
De esta forma, en todo caso, el Fondo ha terminado incluyendo como nuevos colectivos beneficiarios a los mayores de 60 años, a matrimonios y parejas de hecho sin hijos y a otros deudores no hipotecarios.
Además, un 5% de los inmuebles se destinará ahora a deudores no hipotecarios. Inicialmente las viviendas de esta bolsa estaban destinadas únicamente a ciertos colectivos de especial vulnerabilidad: familias numerosas; con un miembro discapacitado; con el deudor en desempleo y todas las prestaciones agotadas; víctimas de violencia de género o con la vivienda como activo indispensable para evitar la exclusión social.
El Gobierno ya incluyó también a familias con hijos de hasta 18 años y a prejubliados o jubilados que hayan avalado con su vivienda la compra de los inmuebles de sus hijos o nietos.
Más allá de estas circunstancias especiales, todos los beneficiarios del Fondo están sujetos al cumplimiento de diversos requisitos económicos. Fundamentalmente no superar el límite de ingresos de tres vences el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).
Fuentes oficiales sostienen que la flexibilidad que se ha introducido gradualmente ha permitido ocupar ya cerca de 4.000 inmuebles de esta bolsa que se mantendrá activa hasta 2017.
Desde el Ministerio de Economía, a su vez, estiman que “el conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno para paliar el problema de los desahucios”, que incluye este parque de viviendas sociales o el código de buenas prácticas para la banca, “han beneficiado hasta la fecha a unas 45.000 familias” en total.
