Andalucía reabre la batalla de la financiación autonómica
Las comunidades autónomas prometen un otoño caliente. Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura o Aragón ya han anunciado a Hacienda que incumplirán el objetivo de déficit del 0,7% fijado por Hacienda para este año y que su desfase entre gastos e ingresos duplicará o triplicará ese nivel. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ya ha advertido que no serán las únicas y que serán una excepción las que cumplan con esa exigencia. De hecho, la gran mayoría de ellas expresaron su rechazo a ese objetivo en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y reclamaron a Hacienda elevar ese techo ante las dificultades de alcanzarlo.
Para sofocar la rebelión, Hacienda ofreció en ese encuentro un aumento de 7.455 millones de euros en los fondos que recibirán las autonomías para el próximo ejercicio. En concreto planteó el reparto de 92.715 millones, lo que suponía un aumento del 8,74% respecto a lo recibido un año antes. Este dinero extra procedió de dos vías: por un lado, la mejora de los ingresos impositivos, y por otra, la liquidación del ejercicio 2014, en el que la recaudación final excedió a los anticipos recibidos. Un dinero que las comunidades pretendían destinar en su totalidad a gasto social y a políticas activas de empleo y que en su gran mayoría deberán dedicar, tal y como marca la ley de estabilidad presupuestaria, a reducir déficit y deuda.
El gasto no financiero de las autonomías no puede crecer más de un 1,8% en 2016
Es el caso de Andalucía, que obtuvo en esa fecha 17.121 millones (1.712 millones más en términos absolutos o un 11,1% en términos relativos). La administración presidida por Susana Díaz contaba con que ese dinero de más lo podría destinar a política social (fundamentalmente estímulos a la economía y políticas activas contra el desempleo). Para ello esgrime el hecho de que cerró el pasado ejercicio con una leve desviación del déficit (1,16% del PIB regional frente al 1,66% de media) y una deuda del 20,4% por ciento del PIB, dos puntos menos que la media de las comunidades autónomas, cifrada en el 22,4% del PIB. Y esos son los argumentos que defiende la administración andaluza para pedir que no se aplique de forma tan estricta la regla de gasto fijada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta establece que la partida de gasto no financiero de los presupuestos autonómicos solo se podrán incrementar hasta el crecimiento medio de la economía española, fijado por el Ejecutivo en el 1,8%. Si se tiene en cuenta que la partida de gasto financiero para las cuentas públicas andaluzas de 2016 es de 29.625 millones, el porcentaje de incremento del 1,8% supone un aumento de 533 millones. Dicho de otra manera que los restantes 1.179 millones los tendrá que dedicar para reducir déficit y deuda.
Desde Andalucía se rechaza una aplicación de la regla de gasto que lastre el crecimiento en el actual ciclo económico, y que impida estimular la inversión y la creación de empleo. “El Gobierno pretende que buena parte del incremento vaya a preamortizar deuda, cuando la deuda está por debajo de la media en 2,5 puntos”, argumentan fuentes de la citada Consejería.
Hacienda rechaza que el dinero extra concedido a las autonomías esté condicionado al pago de deuda, déficit o regla de gasto y que tan solo está sujeto al cumplimiento de lo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y está establece que las comunidades deberán ajustarse a los límites de déficit y deuda marcados para este año y el que viene. Algo que no ha sucedido en el caso de la administración andaluza, que el pasado ejercicio cerró con un déficit del 1,16% (cuando el objetivo era el 1%) y una deuda del 20,5% del PIB regional cuando el techo era del 19%. Y todo apunta a que también incumplirá este año. El último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) apunta a que se desviará una o dos décimas respecto al objetivo de déficit de 0,7% y que el límite de deuda será del 20,7% del PIB cuando en el primer trimestre de este año, según los datos del Banco de España, ya se situaba en el 20,5%.
Desde la Consejería andaluza de Hacienda no comparten esos argumentos y avanzan que van a proponer al Ministerio de Hacienda una metodología para que se haga una aplicación correcta de la regla de gasto, que la haga compatible con un incremento de los recursos destinados a los servicios públicos fundamentales y a la inversión y la creación de empleo en el presupuesto andaluz para 2016.
Extremadura destinará 280 millones a reducir el déficit
Extremadura sí utilizará el dinero extra otorgado por Hacienda para reducir el déficit y no tendrá que discutir con Hacienda. De hecho, el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara mantuvo una reunión de tres horas el pasado lunes con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para explicarle la compleja situación financiera.
Extremadura rebasó ampliamente el objetivo de déficit fijado en 2014 (1%) y cerró el ejercicio con un desfase entre gastos e ingresos del 2,44%, el tercero más alto de España tras Murcia y Cataluña. Este año todo apunta a que el déficit será similar y que se quedará muy lejos del 0,7% comprometido. Por ello, el presidente extremeño se esforzó en explicar a Montoro su compromiso de presentar en octubre su plan económico y financiero para reequilibrar sus cuentas. “Tenemos intención de cumplir con la obligación del objetivo de estabilidad presupuestaria, algo que no es un capricho y sí una norma dada de Europa”, remarcó Fernández Vara, quién matizó que el citado plan “se hará con sentido común y no supondrá recortes en sanidad, educación o políticas relacionadas con la exclusión social”. En su opinión se pide tiempo “porque no quiero que cumplir el objetivo me lleve a destrozar la vida de nadie”. Ese plan de ajuste establecerá que el equilibrio presupuestario se alcanzaría en 2018, un año más tarde de lo pactado por el Ejecutivo con Bruselas.
De los 2.840 millones de euros que recibirá Extremadura en 2016 (203 más de lo previsto inicialmente), Fernández Vara confirmó a Hacienda que utilizará 280 millones de las entregas a cuenta para la reducción del déficit y 248 millones del FLA, pendientes de aprobación, para pagar la factura farmacéutica.