Editorial

Ahorrar por orden ministerial

Nadie le va a discutir a estas alturas al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, su capacidad para generar titulares ni su pericia con el florete dialéctico en el cara a cara parlamentario, y mucho menos su habilidad para manejar los tiempos, esa virtud tan apreciada por los partidos sobre todo en épocas preelectorales. La serie de “indicaciones” que ha elaborado su departamento para recortar los gastos de los máximos responsables y directivos del sector público estatal con contratos mercantiles o de alta dirección encaja en tiempo y forma en ese estilo. Eso, sin embargo, no les resta validez en absoluto.

Entre las medidas que, en un total de ocho, recoge la orden ministerial que este jueves publicó el BOE, figuran usar la tarifa turista en los viajes de avión o tren, utilizar con carácter general el transporte público para los desplazamientos, gestionar anticipadamente los billetes para viajar o priorizar las teleconferencias o videoconferencias frente a los desplazamientos, y que se apliquen “criterios restrictivos” en cuanto al número de personas que han de desplazarse, evitando los viajes “innecesarios”. La orden, sin embargo, se aplicará a los contratos mercantiles o de alta dirección que se firmen a partir de hoy, lo que aparentemente obligará solo a los nuevos. Y, además, deja exentos a altos cargos del Gobierno o la Administración –regulados por la normativa sobre función pública–, algo incomprensible si la filosofía son los “criterios de buena gestión” para ajustarse a los principios de austeridad en el gasto, “imprescindibles en el actual contexto de restricciones presupuestarias”.

Hacienda ha explicado que su orden permite dar rango legal a las instrucciones internas que ya se estaban aplicando en las empresas del sector público y que culmina así el proceso iniciado con la publicación del real decreto de 2012, de medidas urgentes del mercado laboral, que fija el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial y otras entidades.

El ministerio insta, tres años después de aquellas medidas “urgentes”, a unas prácticas de sentido común que se vienen aplicando inveteradamente en la empresa privada. Y ahí está el interés del debate que la orden ha suscitado. Porque lo inconcebible no solo es que tales métodos de ahorro elemental no se estén aplicando de manera constante e inapelable en la gestión pública, sino que hayan tenido que pasar siete años de crisis y de aplicación de durísimas medidas de austeridad para ponerlos negro sobre blanco. La reacciones a la orden del BOE fueron ayer de toda índole. Desde que es electoralista hasta que son normas que ya se cumplen o que es una broma de mal gusto. Lo cierto es que es todo menos una broma tener que recordar a los directivos públicos que han de moderar los gastos y presentar factura.

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