Tribuna

¿Cómo valorar una ‘startup’?

Los auditores y responsables de la información financiera son profesionales enmarcados en organizaciones nacionales e internacionales cuyos estatutos y estrictos códigos de ética resaltan el carácter de interés público de sus funciones. En el caso de los auditores españoles, agrupados en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, formamos parte de la International Federation of Accountants (IFAC), que agrupa a casi tres millones de profesionales en el mundo. El código ético de IFAC establece unos principios de deontología al servicio del interés público que afecta tanto a auditores como a profesionales de la contabilidad en empresas o en el sector público.

¿Por qué la información financiera fiable es un bien público que debe ser protegido? Porque previene de dar confianza a quien no debe tenerla; porque las consecuencias de errores o malas prácticas pueden conducir a perjuicios para trabajadores, otras empresas o la sociedad en general, y porque facilita información confiable a directivos, socios y otros interesados, lo que permite la toma de decisiones necesarias para el buen desarrollo de la economía. Uno de los principios clave de la actuación del auditor es su independencia. Responde así al carácter de interés público de su función, al opinar con objetividad sobre si las cuentas anuales reflejan la imagen fiel de la situación financiera y los resultados de la empresa. No es raro que esta profesión sea de las más reguladas.

Además, conscientes de nuestras responsabilidades, los auditores impulsamos la autorregulación, añadida a la que puedan establecer los organismos nacionales e internacionales. Las responsabilidades a las que nos enfrentamos son enormes. En caso de mala práctica nos podemos ver sujetos a demandas en cuantías difícilmente equiparables a ninguna otra profesión, sin contar con las sanciones o la inhabilitación por parte de los organismos reguladores. Por esta razón, pedimos que se diferencien los errores o incumplimientos puntuales, de las opiniones divergentes, producto de un juicio profesional diferente al que pueden llegar distintos profesionales objetivos y competentes. Porque somos conscientes de la importancia de nuestras actuaciones, y de que muchas personas y organizaciones confían en nuestras opiniones, reivindicamos que una gran mayoría de nuestra profesión realiza su trabajo con toda honestidad y conscientes de su responsabilidad. Y esta reivindicación no supone una aceptación corporativista de algunas malas praxis que han existido y que han puesto a la profesión en el ojo del huracán. Como en cualquier otro ámbito, pueden existir casos aislados, que vienen a confirmar el reconocimiento de que la gran mayoría de los profesionales de la auditoría actuamos con toda corrección, asumiendo, independientemente de quien nos pague, nuestra responsabilidad por el interés público de los servicios que prestamos, y cuyos destinatarios trascienden la entidad que nos contrata.

Recordemos algunos datos que certifican esta afirmación: de los más de 60.000 informes de auditorías anuales que se realizaron en España en 2014, alrededor de un 20% son auditorías voluntarias, es decir, de empresas o entidades que reconocen el valor del trabajo de los auditores y que nos contratan sin tener obligación de hacerlo. Y recordemos también que de ese número de informes anuales tan solo se han incoado expedientes sancionadores en un número muy reducido de casos, y la mayor parte de ellos pendientes de resolución judicial. En tanto que garantes de la calidad de la información empresarial, los auditores tenemos el reto de responder respecto a las crecientes exigencias de información no financiera. La transparencia que la sociedad exige a los operadores económicos mira cada vez más al futuro que al pasado, y se refiere a información financiera y no financiera. En tanto en que la información no financiera es cada vez más relevante en relación a la sostenibilidad de las organizaciones, los auditores avanzamos en mejorar la claridad y adecuación de nuestros informes y participamos en iniciativas como el informe integrado, que persigue ofrecer información precisa de las cuentas, pero también de los impactos sociales y medioambientales, o la gobernanza de las organizaciones.

Por cierto. Del celo autorregulador de la profesión da cuenta el hecho de que muchas de las normas internacionales recogidas por la legislación nacional, los profesionales de la auditoría ya las habíamos establecido como principios de nuestras actuaciones. Es legítimo reivindicarlo.

Rodrigo García de la Cruz es Profesor del Máster en Corporate Finance del IEB.

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