Hacienda, más cerca de retener ingresos a Aragón y Extremadura
Parla, Jaén y Algeciras destacan como las ciudades que abonan con más retraso sus deudas
La mayoría de comunidades ha reducido su período de pago a proveedores. Los datos publicados el miércoles por Hacienda reflejan que las autonomías abonaron su deuda comercial en mayo en 45,2 días, por encima de los 30 que marca la ley. Sin embargo, el plazo es inferior a los 50 días registrados en enero. Una tendencia a la baja que, en principio, debería mantenerse en la medida en que las cuentas de las comunidades están mejorando y además están respaldadas por el apoyo financiero del Estado.
Sin embargo, algunas comunidades rebasan en más de 30 días el límite que fija la ley, que es el umbral a partir del cual se activan las alarmas. Es el caso de Extremadura (110 días), Aragón (67,5 días) Comunidad Valenciana (63,2 días) y Andalucía (61,44 días). Las tres primeras ya rebasaron esta línea roja meses atrás y, cumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria, recibieron un aviso del Gobierno central. Así, tuvieron que actualizar su plan de tesorería para adecuarse a la normativa. Sin embargo, ello no dio resultado y en mayo volvieron a registrar periodos de pago superiores a 60 días. Si esta misma circunstancia se produce en junio, se activará la segunda fase que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria. ¿En qué consiste? La norma exige que las comunidades adopten acuerdos presupuestarios de no disponibilidad, impide que las autonomías se endeuden a largo plazo sin autorización y obliga a aprobar una nueva actualización del plan de tesorería.
La Comunidad Valenciana ya ha comunicado a Hacienda que ha logrado reducir los plazos de pago
Fuentes de Hacienda señalan que, de las cuatro comunidades que rebasaron el plazo de 60 días, Aragón y, sobre todo Extremadura, generan mayor preocupación y tienen más probabilidades de superar otra vez el límite en junio. En ese momento entrarían en juego la medidas correctivas. Y si con todo ello no lograran abonar su deuda comercial en plazo, el Gobierno central intervendría y retendría parte de las transferencias que abona a las comunidades. Es decir, el dinero que la Administración central ingresa periódicamente a las autonomías se reduciría en el mismo importe que la deuda comercial pendiente. Supone una medida novedosa y que nunca se ha aplicado. Fuentes de Hacienda señalan que si Extremadura y Aragón no logran rebajar el plazo de pago a proveedores sufrirán una reducción de las retenciones en el último trimestre. Dicho de otra forma, ambas comunidades empezarán a ver como sus transferencias menguan si en tres meses no corrigen el desvío.
Hacienda señala que el caso de Andalucía y la Comunidad Valenciana es diferente. La Junta de Susana Díaz rebasó en más de 30 días el límite de pago a proveedores en mayo, sin embargo, se trata de un hecho puntual y se espera que no vuelva a producirse. La Comunidad Valenciana, por su parte, ya ha comunicado al Ejecutivo central que en junio logró rebajar su período de plazo por debajo de los 60 días.
Más allá de los incumplimientos, Hacienda destaca que durante la legislatura se ha logrado rebajar drásticamente la morosidad en el sector público a través de mecanismos como el plan de pago a proveedores o el FLA. Los datos oficiales indican que la deuda comercial de las comunidades autónomas se ha reducido un 67,6% desde enero de 2012 al pasar de 24.835 millones a 8.000 millones.
Los ayuntamientos, por su parte, se encuentran en una mejor situación que las comunidades y su período medio de pago en mayo ascendió a 33,5 días, un repunte respecto a meses anteriores que Hacienda justifica por las elecciones locales. De hecho, las corporaciones locales son la única administración que cuenta con superávit, es decir, que ingresa más de lo que gasta. En cualquier caso, la situación es preocupante en ciertas ciudades como Parla, Jaén, Algeciras, Jerez de la Frontera o Alcorcón, que abonan sus deudas en más de 100 días. El Ejecutivo indica que los ayuntamientos con problemas graves de solvencia representan solo el 2% del total.
Casi tres millones de facturas electrónicas
Hacienda defiende que hoy ya no es posible esconder deuda comercial en los cajones por la aprobación de la factura electrónica, que todos los proveedores de la Administración deben utilizar obligatoriamente cuando el importe supere los 5.000 euros. Hacienda señala que, casi tres millones de facturas electrónicas se han registrado desde que entró en vigor esta obligación. La Administración no indica qué porcentaje de las facturas que recibe la Administración llegan en formato electrónico o en papel. Sin embargo, asegura que son mayoría las empresas que utilizan la vía online. La Administración central cuenta con un punto general de entrada de facturas electrónicas, a las que ya se han adscrito 7.581 corporaciones locales y 16 comunidades autónomas. La excepción es País Vasco, que cuenta con un modelo singular.