Santander se prepara para liquidar sus filiales en paraísos fiscales
Banco Santander cerrará siete de las 11 filiales que tiene en paraísos fiscales y conservará cuatro en territorios que han anunciado que compartirán información con España.
Ana Patricia Botín quiere acabar con la actividad del grupo que preside en territorios fiscalmente opacos. Actualmente, Banco Santander “tiene 11 filiales residentes en territorios off shore”, según ha admitido la entidad en el informe continuado del grupo que acaba de enviar actualizado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que avanza su intención de abandonar en los próximos años todos aquellos que sigan siendo considerados paraísos fiscales.
Para ello, detalla el documento, Santander ha iniciado ya la liquidación de dos de estas filiales y prevé que otras cinco más corran la misma suerte “durante los próximos ejercicios”. De esta forma, avanza, a medio plazo el grupo solo conservará cuatro filiales en paraísos fiscales.
Concretamente aquellas situadas en Islas Caimán, Isla de Man, la isla de Jersey y Guernsey, dado que todos, argumenta el grupo financiero, tienen previsto firmar acuerdos de intercambio de información con España, con lo que “estos territorios dejarían de tener la condición de paraíso fiscal a efectos de la legislación española” cuando concluyan el proceso con lo que “el grupo no mantendría ninguna entidad en territorios off shore”.
Queda por ver cuándo se cumpliría este objetivo dado que algunos de estos territorios, como Islas Caimán, iniciaron los trámites de regularización con España en 2010 pero no han dado nuevos pasos desde entonces.
Santander asegura, no obstante, que la actividad de estas cuatro filiales es mínima. Así, detalla, el banco Serfin International Bank and Trust de Islas Caimán y la sociedad Whitewick Limited de Jersey se encuentran prácticamente inactivos, y el ALIL Services Limited de Isla de Man cuenta con “una actividad muy reducida de servicios”.
No se detalla la situación de la cuarta, el Abbey National International Limited de Jersey, cuya actividad principal es la banca a distancia, con productos de ahorro dirigidos a clientes de origen británico.
Como muestra, en todo caso, de su escasa importancia, Banco Santander detalla que estas cuatro filiales, que suman 126 empleados, contribuyeron con 14 millones de euros a los beneficios consolidados del grupo en 2014, que sumaron 5.816 millones.
El banco admite, eso sí, que los resultados de estas filiales incluyen operaciones cruzadas con otras compañías del grupo que se han eliminado de sus resultados para evitar duplicidades contables.
Crece la factura en provisiones por litigios
Los juzgados son una recurrente e importante fuente de costes para Banco Santander que, por su fuerte presencia internacional, asume anualmente facturas por cambios normativos, modificaciones de la legislación tiributaria, sentencias contrarias a determinadas prácticas comerciales o demandas de empleados. El año pasado llevó a cabo una provisión por litigios y contingencias fiscales de 5.310 millones de euros, lo que supone un incremento de 540 millones respecto al ejercicio anterior. Destaca, entre las dotaciones realizadas, la partida dedicada a cubrir juicios por pleitos laborales en su filial brasileña, que ascienden a 616 millones de euros. Este montante está destinado a cubrir los posibles costes derivados de las “demandas presentadas por sindicatos, asociaciones, fiscalías y exempleados que reclaman derechos laborales”, especialmente el pago de horas extras o el pago de prestaciones por jubilación. Santander, que basa la estimación de sus provisiones en “la experiencia pasada de pagos realizados con motivo de reclamaciones” similares, justifica su separación del resto de provisiones de este tipo por el elevado número de procesos abiertos en Brasil, donde “son habituales” estas reclamaciones en el sector financiero, y por el hecho de que la duración media de estos juicios sea de ocho años. Más allá, Santander provisionó 1.289 millones para cubrir impuestos, 1.011 millones para otros procesos judiciales, 298 para asumir cambios normativos, 273 millones para procesos de reestructuración, 1.191 millones para otros conceptos y 632 millones para compensar a clientes. El grueso de estos, 455 millones, se dedicó a cubrir la anulación de las comisiones por gestión de préstamos que decretó el Tribunal Supremo de Alemania para toda la banca.
