Editorial

El ejemplo fiscal de los municipios

La Comisión Nacional de Administración Local, que reúne al ministro de Hacienda con los representantes de los ayuntamientos, fijó ayer los objetivos de déficit fiscal que deberán cumplir las corporaciones locales para 2016-2018. Los municipios deberán cerrar cada ejercicio con sus cuentas en equilibrio, pero todo apunta a que lograrán hacerlo en superávit, como ya ocurrió el año pasado. Cristóbal Montoro confía en que ese excedente se cifre de nuevo en el 0,5% del PIB –5.000 millones– y contribuya a alcanzar así el objetivo de estabilidad del conjunto de las Administraciones Públicas. El esfuerzo llevado a cabo por los ayuntamientos españoles en cuanto al saneamiento de sus cuentas se ha ido extendiendo año a año hasta englobar prácticamente a la totalidad de los consistorios. Si en 2013, el 80% cerraron el ejercicio en números verdes, en 2014 ese porcentaje llegaba ya al 90%. A día de hoy, son pocos los que se hallan en dificultades financieras y, de ellos, solo unos 10 o 20 se corresponden con localidades de tamaño mediano. Todo ello hace plausible que vuelvan a compensar el más que probable incumplimiento por parte de las comunidades autónomas, que siguen arrastrando serios problemas de indisciplina fiscal.

Aún así, el mapa político dibujado por las elecciones del pasado 24 de mayo puede afectar a este panorama de bonanza local. Precisamente por ello, Montoro ha recordado a los alcaldes que los nuevos equipos consistoriales tienen la obligación, sea cual sea su color político, de comprometerse con la consolidación presupuestaria. Un compromiso que no nace de un programa político, sino de una norma de rango legal –la Ley de Estabilidad Presupuestaria– y de las obligaciones impuestas por Bruselas. En la reunión de ayer se estableció que el nivel de deuda pública de los ayuntamientos se sitúe entre el 3,5% y el 3% en los próximos tres años en un escenario en el que cuatro de cada diez municipios no debe ningún euro. Todo ello ha servido de argumento a los consistorios para pedir al Gobierno más flexibilidad en materia de gasto y la posibilidad de emplear el superávit fiscal no solo en amortizar la deuda, sino también en aumentar los servicios sociales.

La tentación de levantar el pie del freno en materia de consolidación presupuestaria resulta más que comprensible tras los largos años de austeridad fiscal. El propio Gobierno central, que aprueba hoy el cuadro macro y el techo de gasto previsto para el próximo ejercicio, trabaja en unos presupuestos en los que probablemente haya mayor cabida para un aumento de la inversión y del gasto social. Ambos capítulos son necesarios –uno para estimular la actividad económica y el otro para corresponder al sacrificio realizado por los españoles en los últimos años– pero ni uno ni otro deben poner en peligro un saneamiento de las cuentas públicas que han servido de base para la recuperación.

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