Los creadores piden un pacto europeo contra la piratería
La única forma de ser eficaces es operar más allá de nuestras fronteras con nuestros socios europeos”, declaraba Carmen Martínez de Castro, secretaria de Estado de Comunicación, ayer por la mañana en el comienzo del curso Los derechos intelectuales de la creación, el conocimiento y la comunicación. Redes sociales globales, organizado por la Universidad Complutense de Madrid junto al Observatorio Internacional de Propiedad Intelectual, Asomedios y Aripi, y con la colaboración de CincoDías en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Pese a las críticas que Martínez de Castro recibió por la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada en noviembre de 2014 por el Gobierno, han sido muchos los que han apoyado su teoría de crear un “gran pacto” para hacer frente a las tremendas pérdidas que sufren las industrias culturales.
El 56% de los europeos de entre 15 y 24 años defiende las descargas ilegales
Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo del grupo PRISA y académico de la RAE, defendió que la propiedad intelectual necesita normas globales y mundiales, que tengan en cuenta a EE UU y China, no solo a Europa porque el mundo digital no tiene fronteras y los gigantes de internet como Google o Facebook son los que marcan las pautas en la red. En esta misma línea, Javier Gutiérrez, vicepresidente del Consejo de Administración de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac) propuso “un tratado internacional administrado por la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) gestionado por entidades de gestión colectiva”.
Regular a través del software
Las primeras menciones a la propiedad intelectual en España tienen lugar en las Cortes de Cádiz, recordó Cebrián. Sin embargo, su evolución y la de los conflictos entre el derecho moral del autor y el patrimonial de la obra han sufrido una gran transformación con la irrupción de la sociedad digital. “En el debate sobre cómo proteger los derechos de propiedad intelectual se olvida que no estamos ante una transformación, sino una ruptura”, continuó.
Con respecto al debate sobre cuál es la mejor forma de solucionar el problema de la piratería, fue el presidente ejecutivo de PRISA también el que sentó las bases para una idea que se desarrolló a lo largo del día: la regulación a través del software, algo con lo que Esperanza Ibáñez, mánager de Políticas y Asuntos Públicos de Google España y Portugal, está de acuerdo y hace referencias, por ejemplo, al software que utiliza Google, que se llama Content ID. Además, explicó que “es necesaria la colaboración de los propietarios de los derechos de propiedad intelectual”. Ibáñez se defendió de las críticas a los buscadores como responsables de los contenidos ilegales en la web, explicando que solo el 16% de los accesos a las páginas piratas se dan a través de ellos. También hizo alusión a la medida que Google está empleando para acabar con la piratería, “asfixiar económicamente a estas web”, eliminando las publicidades que alojan.
13.000 millones de euros es lo que perdió el pasado año la industria cultural en Europa como consecuencia de la piratería
Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo, hizo referencia a la reciente reforma del Código Penal para dar un tratamiento jurídico penal a la piratería. En su opinión, hasta ahora la “protección penal de la propiedad intelectual no ha sido suficiente en España” y un país que no protege los derechos de los autores, “a la larga se empobrece”. Sin embargo, no aclaró si esta protección será suficiente: “Será el tiempo el que lo diga”, afirmó. Lo que sí aclaró es que la “propiedad intelectual no se protege solo por la vía penal; debe actuarse preventivamente”, proponiendo también la medida mencionada por Cebrián.
Luis Berenguer, miembro del gabinete del presidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), se refirió también a esa actuación previa a la penal, que parte de una “sensibilización en materia de propiedad intelectual”. Según un estudio que elaboraron en 2014, en torno al 56% de los jóvenes europeos de entre 15 y 24 años defiende las descargas ilegales, un porcentaje más de 10 puntos porcentuales inferior en la población de otras edades.
PRISA renuncia a cobrar la tasa a los agregadores
El presidente ejecutivo de PRISA, Juan Luis Cebrián, aseguró ayer que los medios del grupo que dirige no cobrarán la tasa recogida en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que los agregadores de noticias deberán abonar a los editores de los que indexen sus enlaces porque, a su juicio, es un derecho “que no debería ser irrenunciable”. Cebrián comentó sobre la LPI del actual Gobierno, de la que dijo que se quería encontrar el consenso y “se ha logrado formidablemente de que no le gusta a nadie”.
En este sentido, afirmó que la Asociación de Editores “está dividida”, ya que, algunos editores quieren cobrar el canon y otros no. Además, recordó el caso alemán, en el que el canon ya está establecido pero es opcional. En este sentido, indicó que en Alemania solo Axel Springer decidió cumplir con el cobro del canon y “perdió el 80% del tráfico”, teniendo que volver a la posición de los demás.
Esta división, para Cebrián, va a ir en aumento puesto que muchos editores no están en la AEDE y no quieren cobrar a los agregadores como Facebook o Google, porque prefieren que les generen tráfico, “de donde procede la financiación”.
Además, recalcó la necesidad de una ley común europea para la defensa de la Propiedad Intelectual, resaltando que con “quien hay que hablar” es con EE UU, porque la mayor parte del “problema” viene de allí al tener ellos los software.
Cebrián dijo que “hay que luchar contra la piratería”, pero que este fenómeno no es algo nuevo de la era de la tecnología. Así, señaló que los editores se han encontrado este fenómeno siempre y ha puesto de ejemplo que en Latinoamérica aparecían libros “un mes antes” de su publicación oficial “con la misma portada y con la misma edición”.