Fomento persigue una mayor inversión pública aparejada a la recuperación

Nueva regulación y, quizás, más aire para la inversión pública. El secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, ha anunciado esta mañana una oleada legislativa en busca de “reforzar la seguridad jurídica” en el negocio de las concesiones de infraestructuras. El alto cargo de Fomento ha participado en el curso sobre infraestructuras de la Universidad Menéndez Pelayo, en Santander, donde la patronal de constructoras y concesionarias Seopan ha demandado un vuelco normativo para atraer capital a los proyectos de infraestructuras. En el sector protesta por la Ley de Desindexación, las nuevas fórmulas para el cálculo de la Responsabilidad Ptrimonial de la Administración o el régimen de reequilibrio económico de los contratos de concesión.

Niño ha lanzado un mensaje de “confianza en la situación económica” y ha avanzado que el Ministerio de Fomento espera que la recuperación se perciba ya en los presupuestos de inversión pública de 2016 que diseña en estos momentos el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En todo caso, España seguirá sujeta a restricciones hasta 2019 por el corsé de la consolidación fiscal y la limitación de la inversión al 1,9% del PIB. En este contexto Seopan defiende la aportación privada y propone un plan extra de obras por 32.500 millones en infraestructuras de agua, logística y dotaciones sanitarias y educativas.

Seopan defiende la aportación privada y propone un plan extra de obras por 32.500 millones

El nivel actual de inversión es del 0,8% del PIB y representantes del PP y PSOE han adelantado en estas jornadas que podría acercarse en la próxima legislatura al 1%. El presupuesto de inversión de Fomento en 2015 alcanza los 9.570 millones y Niño ha puesto en valor que el equipo liderado por Ana Pastor ha puesto en marcha 117 obras que encontró paralizadas en 2011 (62 de ellas de carreteras) tras haber efectuado el pago de 5.550 millones de deuda arrastrada de pasados ejercicios.

Menos riesgos para operadores privados

Desde Fomento se reconoce que el reparto de riesgos entre operadores privados y Administración debe reequilibrarse para evitar quiebras del sistema, como ha sido el de las autopistas radiales de Madrid por la inesperada falta de tráfico y sobrecostes en obras y expropiaciones.

Manuel Niño ha avanzado que la nueva Ley de Carreteras, actualmente en debate en el Congreso de los Diputados, dará prioridad a la colaboración público privada cuando esta sea viable. También ha calificado de hito la próxima transposición de la directiva sobre concesiones en busca del citado avance en el reparto de riesgos para hacer viable la operación privada.

El alto cargo ha defendido la colaboración público-privada por la introducción de criterios de rentabilidad en proyectos públicos, la posibilidad de avanzar inversiones o diferir su financiación, así como el hecho de que el peaje traslada los costes de las infraestructuras al usuario.

“Debemos aprender de la experiencia vivida y resolver las dificultades que han presentado los modelos [de concesiones]”. El secretario general de Infraestructuras apunta que deben abordarse desde las garantías sobre ingresos mínimos, los límites a los riesgos en la expropiación de suelo, modelos de cofinanciación, coberturas de tipo de interés, la búsqueda de fuentes de financiación alternativas a la bancaria como es la de fondos soberanos y de pensiones, y la obtención de sistemas de financiación asociados al BEI e ICO.

Otra corriente normativa que viene de Bruselas, de la mano de la citada directiva de Concesiones, es la clara diferenciación de los contratos de concesión, donde existe un claro riesgo de demanda y pago privado, del habitual contrato de servicios en el que el riesgo principal es de disponibilidad y paga la Administración.