El empleo público cae por quinto año y vuelve a niveles de 2007
La crisis en España comenzó según las estadísticas el tercer trimestre de 2008, en el que el PIB, tras quince años consecutivos de crecimiento, retrocedió un 0,7% en tasa intertrimestral. La destrucción de empleo, sin embargo, comenzó un año antes, en concreto en el tercer trimestre de 2007, en el que el número de ocupados, según la Encuesta de Población Activa (EPA), ascendió a 20,75 millones de trabajadores. Desde esa fecha emprendió un descenso que llevó el número de ocupados a 18,7 millones en el tercer trimestre de 2010. Es decir, dos millones de puestos de trabajo destruidos en tres años. En ese mismo período de tiempo, el empleo público, lejos de caer, siguió creciendo desde los 2,58 millones de 2008 hasta los 2,69 millones en 2010. Solo a partir de esa última fecha fue cuando empezó a caer el personal al servicio de las administraciones públicas, una vez que se empezaron a aprobar medidas para contener la sangría de gasto del empleo público. El presidente del Ejecutivo, en esa época, José Luis Rodríguez Zapatero, redujo un 5% la masa salarial de los empleados públicos. Antes había limitado al 30% la tasa de reposición de los empleados públicos (tres funcionarios sustituirían a cada diez que se jubilaran). Un límite que el Gobierno del PP llevó al 10% y que tan solo ha levantado para algunos colectivos como Justicia o Fuerzas de Seguridad.
Todo ello ha llevado, según los datos actualizados ayer por el Ministerio de Hacienda, a que el personal al servicio de las Administraciones Públicas haya caído por quinto año consecutivo. En concreto, a 1 de enero de 215, tenían en plantilla a 2,54 millones de trabajadores, lo que supone un recorte de 154.000 ocupados y del 5,8% desde 2010.
Las cifras muestran que el ajuste realizado en las administraciones públicas no ha tenido la misma intensidad en todas ellas. En la Administración General del Estado se perdieron en esos cinco ejercicios 38.522 puestos de trabajo (5,8% menos), en la autonómica se suprimieron otros 64.000, en los ayuntamientos 81.000 y en las universidades se han ganado 47.000. Este último dato, sin embargo, obedece a un cambio metodológico a la hora de contabilizar el número de empleados públicos en las universidad. Hasta 2012 solo se computaban aquellos inscritos en el Registro Central de Personal; desde esa fecha también se anotaban aquellos que no lo estuvieran, lo que produjo un crecimiento sin precedentes de los empleados.
La estadística actualizada de Hacienda revela como la única administración en la que aumentaron las plantillas el pasado ejercicio fue la local, al pasar de 560.774 a 577.164 efectivos en 2015. Ese crecimiento, que se produjo íntegramente en los ayuntamientos (en cabildos y diputaciones bajó) tiene que ver con que muchos de los colectivos públicos en los que se permitió una mayor tasa de reposición están ligados a los ayuntamientos. También subió en las universidades, aunque debido a un cambio metodológico. Dónde si descendió con fuerza fue en la Administración General del Estado, al pasar de 558.802 a 536.499 efectivos, mientras que en la autonómica solo retrocedió en 620 personas.