El procurador, ¿el salvador de la justicia en España?
El ciudadano podrá elegir entre los funcionarios públicos o los procuradores en los liticios
El procurador, dice la Real Academia Española, es aquel profesional del Derecho que, en virtud de apoderamiento, ejerce ante juzgados y tribunales la representación procesal de cada parte. Dicho esto, la concurrencia de diversos actos de relevancia durante las últimas semanas ha traído al protagonismo informativo el discreto, pero omnipresente, papel que juegan los procuradores en la configuración del sistema legal español.
Una presencia que, si las previsiones legislativas se cumplen, y voluntad política del Gobierno parece que no falta para que así sea, podría, en los próximos meses, verse amplificada con la asignación de nuevas competencias, especialmente la ampliación de sus funciones procesales en ámbitos de comunicación y ejecución, prevista en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que agota ahora su trámite parlamentario.
La celebración de las IX Jornadas de Juntas de Gobierno del Consejo General de Procuradores, celebradas en Mérida el pasado mes de mayo, y del XXII Congreso Internacional de Huissiers de Justicia en Madrid, a comienzos de este mes, han servido para poner el altavoz a una profesión jurídica, cuya propia existencia ha vivido momentos de cuestionamiento en el mundo legal, como el propio Libro Blanco de la Justicia, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, reconoce explícitamente.
Los procuradores, en todo caso, ya han ido asumiendo en las sucesivas reformas legislativas de los últimos años, como la Ley 37/2011, de Medidas de Agilización Procesal, o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de ese mismo año, cotas mayores de protagonismo, reforzando su papel de cooperadores de la administración de justicia, añadido a las primigenias funciones de representantes procesales de las partes del proceso.
Los sucesivos encuentros institucionales han servido también para constatar el apoyo gubernamental a una nueva concepción de la procura en la administración de justicia. Rafael Catalá, ministro del ramo, les ha calificado en sus intervenciones ante el colectivo “como aliados estratégicos en la mejora de la administración de justicia” y “cooperadores necesarios” en sus planes de modernización.
Para el ministro, el aumento del protagonismo de los procuradores, incluido en la actual reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que promueve su gabinete y que supone la ampliación de sus funciones procesales y la atribución de capacidad para certificar, mejora las opciones con las que cuenta el ciudadano, ya que podrá elegir entre los funcionarios públicos o los procuradores para realizar las notificaciones del litigio.
El Poder Judicial también se situó en esta dirección, apostando en su Libro Blanco de la Justicia “por tender a un sistema en el que, manteniendo la figura del procurador como representante de los ciudadanos ante los Tribunales, pudiera también asumir otros cometidos de colaboración con los órganos jurisdiccionales y con los abogados (...) en el marco de los actos de comunicación, en las fases procesales de prueba y ejecución y en los sistemas de venta forzosa de bienes embargados”.
Hace ya semanas que el Ministerio de Economía, por pasiva, y el de Justicia, por activa, certificaban que uno de los proyectos que más hostilidad ha generado entre los profesionales jurídicos esta legislatura, la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, no vería finalmente la luz.
El propio Rafael Catalá afirmó enfáticamente el 22 de mayo que “no se aprobará, ya que cuando algo funciona muy bien, no es lógico hacer cambios”, alejando así la posibilidad de compatibilizar las profesiones de procurador y abogado, la Némesis que atormentaba a la procura desde 2013.
Aun así, la exigencia de Bruselas al Gobierno para que actúe en la liberalización de servicios profesionales, o la posición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se ha manifestado en diversos informes favorable a la posibilidad de que los ciudadanos puedan “representarse sin intermediarios” ante la justicia, preludian un nuevo debate sobre la materia.
“Somos la alta velocidad de la justicia”
Licenciado en Derecho y Empresariales, Juan Carlos Estévez (La Estrada, Pontevedra, 1947) ejerce como procurador desde 1971. Pertenece al Consejo General desde 1983, donde accedió como secretario.
Pregunta. ¿Cuáles son los proyectos de la procura en este momento? Respuesta. Que las tecnologías tengan el papel que merecen en la administración de justicia, porque es inexplicable que un servicio público como este no esté al nivel que lo están otros, como la sanidad o Hacienda. Es difícil que se llegue al papel cero que promueve el ministro para el 1 de enero de 2016, pero deberíamos estar cerca de ese objetivo. También avanzar en la solución de los problemas de ejecución que sufre nuestra justicia, que por otra parte, es un servicio de calidad en otros aspectos. La asignación de competencias en esta materia a los procuradores mejoraría notablemente la justicia.
P. La retirada de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales ha sido su gran batalla. ¿Por qué?R. Porque introducía una gran confusión de conceptos. El Derecho puede ser sujeto de mercado y de competencia; la justicia, nunca. El principio de seguridad jurídica es el que sostiene la estructura del sistema democrático y no está sujeto a reglas de mercado.
P. ¿Una justicia más eficiente favorece la economía? R. Indudablemente. Se estima que hay unos 4.000 millones de euros bloqueados en el sistema judicial, en espera de distribución. Una enorme cantidad que, con agilidad en los procesos, volvería al circuito económico, sería productivo y generaría empleo. El inversor valora la seguridad jurídica, la predecibilidad y la agilidad de la justicia.
P. ¿Estas nuevas competencias que reclaman van en el camino de privatizar partes de la justicia? R. Decir que puede haber una justicia de dos velocidades es reconocer que hay una justicia más lenta. Los procuradores somos la alta velocidad del sistema. Si el actual sistema de notificación y ejecución que gestiona el funcionariado no es eficiente, se debe cambiar, pero no decir a quienes vamos rápidos que vayamos más lentos. Si la justicia va muy lenta, déjennos que echemos una mano y que, como en otros países, los agentes de ejecución seamos los procuradores.P. ¿Un sistema de ejecución con participación de los procuradores encarecerá los procedimientos? R. Puede encarecer un procedimiento de escasa cantidad, pero la cuestión es que esas disputas no deberían resolverse en un juicio. Para eso esta la mediación. En pleitos de más calibre, el incremento de coste que supondría la intervención del procurador, como agente de ejecución, sería mínimo, obteniendo a cambio una mucha mayor rapidez y seguridad.