Tribuna

El autoconsumo eléctrico: controversias

Nadie discute que las tarifas eléctricas son elevadas, en buena medida, porque contienen cargos ajenos a la electricidad y al propio suministro eléctrico que, en realidad, son políticas de Estado medioambientales, sociales o de política territorial, cuya financiación no debería recaer solo en los consumidores eléctricos, entre las que podemos incluir la compensación extrapeninsular o el carbón nacional. Los consumidores domésticos soportan más de un 50% de costes ajenos al propio suministro eléctrico, que si se externalizaran tendrían un efecto sobre la renta disponible y la competitividad de nuestra industria. Es urgente dar una solución a estos errores pasados.

Hace escasos días ha visto la luz una nueva propuesta normativa sobre el autoconsumo que está teniendo repercusión mediática. Si no se es cuidadoso en el desarrollo reglamentario, de forma que se asignen más eficientemente los costes y cargos regulados del sistema eléctrico entre aquellos que los causen, podemos encontrarnos con que una parte de los consumidores, los más débiles, terminen por financiar costes y cargos regulados ajenos a su suministro que incrementen sus tarifas eléctricas.

Debemos recordar que, actualmente, la actividad regulada de la distribución eléctrica (actividad de redes) obliga a dar acceso y conexión a todos los consumidores que lo soliciten. Se basa en un régimen de monopolio natural, lo que implica que su regulación trata de minimizar el coste de su actividad y que sus bases de funcionamiento las establece el órgano regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), determinando, entre otros, los requisitos de calidad, de explotación y mantenimiento, de forma que se garantice la seguridad, la fiabilidad y eficiencia técnico-económica de las redes. A su vez, la retribución que perciben los distribuidores es una retribución regulada establecida por el órgano regulador. Este régimen de la distribución eléctrica, por tanto, se puede considerar democrático y socialmente responsable, pues ofrece servicio universal sin distinción del poder adquisitivo de los consumidores.

Cada vez más se acrecienta el interés en el uso de paneles solares u otras formas de generación eléctrica a pequeña escala (minieólicas, microturbinas, cogeneraciones) por los consumidores y pequeños negocios, conocida como generación distribuida. Estos consumidores se conectan a las redes de distribución y las usan en doble dirección, para ser suministrados de energía eléctrica por su compañía durante el tiempo en que su generación no produce suficiente energía eléctrica como para satisfacer su consumo y para vender la energía eléctrica excedentaria.

La controversia del autoconsumo viene del hecho de que la tarifa eléctrica incluye los costes de la generación de electricidad, además de los costes de las redes y otros cargos como la operación del sistema, el carbón nacional, la extrapeninsularidad o las retribuciones a las renovables. También de que parte de dichos costes y cargos regulados pudieran no ser sufragados por los autoconsumidores si no se establece una normativa adecuada que asigne eficazmente los costes y cargos a quienes los inducen, y terminen siendo redistribuidos entre los consumidores más vulnerables.

Un estudio de mayo 2015 del MlT (Massachusetts lnstitute of Technology) señala que cuando se integra a la generación distribuida, algunos consumidores se convierten en ciertas horas del día en productores, inyectando energía eléctrica en las redes. Las redes en esta situación tienen que asegurar que se puede mantener la calidad y la fiabilidad del servicio, pues se generan dos efectos en los costes, uno beneficioso de reducción de pérdidas, pero que con incrementos importantes de la generación distribuida tendrá como efecto neto final el aumento de los costes de distribución, debido a que se requerirán nuevas inversiones para adecuarlas a las necesidades de dicha generación distribuida, para lo cual no han sido diseñadas las actuales redes de distribución, y así poder mantener la calidad del servicio.

No hay que olvidar la trascendencia social que el desarrollo normativo sobre el autoconsumo pudiera tener sobre los consumidores más desfavorecidos si no se hace con rigor. Serán los que cuenten con mayor poder adquisitivo los que pueden instalar estos sistemas de generación distribuida en sus viviendas y, por tanto, una asignación ineficiente de costes y cargos regulados podrían conllevar que los consumidores más vulnerables asuman costes adicionales en sus tarifas eléctricas.

Juan Ignacio Unda es ExConsejero de la Comisión Nacional de Energía

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