La oposición política promete derogar la norma de autoconsumo
15 millones es el coste para el sistema de los peajes y cargos que se imponen al autoconsumo, teniendo en cuenta 200 MW de potencia instalados.
El director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), José Donoso, aseguró el viernes que “todos los grupos políticos”, excepto el Partido Popular, se han comprometido a derogar el real decreto sobre autoconsumo” elaborado por el Gobierno y que en estos momentos está en trámite de alegaciones. Entre dichos grupos están los de la actual oposición, Podemos y Ciudadanos.
La polémica norma, que mantiene con variantes el denominado peaje de respaldo, podría entrar en vigor “in extremis, en el mes de noviembre”, según han calculado los abogados de esta asociación. El real decreto debe pasar por la CNMC y el Consejo de Estado, organismos a los que aún no se ha remitido.
La medida “cerrará la puerta al modelo de energía distribuida o autoconsumo”, señaló Donoso en una rueda de prensa celebrada el viernes, en la que la que resumió el contenido de un texto correoso que establece tres modalidades: el suministro con autoconsumo; la producción con autoconsumo y el de línea directa. Asimismo, limita la consideración de sistemas aislados a los que no tienen conexión alguna pero no a los que se desconecten.
El proyecto hará prácticamente “inviable” el desarrollo de esta actividad en los hogares, añadió el director general de Unef, ya que alargará la recuperación de la inversión por encima de los 30 años, prácticamente la vida máxima de las instalaciones, mientras que en el caso de las pymes sería de 7,5 años, según sus datos.
Esta asociación denuncia que la norma propuesta incumple, entre otros, la directiva de energías renovables y de eficiencia energética y discrimina a los pequeños autoconsumidores respecto a los cogeneradores y otras centrales eléctricas convencionales que también tienen autoconsumo (un 8%). Los primeros deben pagar, además de un precio por el término de potencia (que se incrementa respecto al actual), un peaje de acceso a las redes y un cargo con el que financiar los costes asociados del sistema (retribución a las renovables, sobrecostes de las extrapeninsulares, anualidades del déficit, etc.).
Según calcula Unef, sobre una cuota indicativa de 200 MW de autoconsumo que puedan instalarse, el coste para el sistema sería de 15 millones al año, frente a los 230 millones de las centrales eléctricas con autoconsumo o los 100 millones de la cogeneración si se les aplicaran los mismos cargos. En otras palabras, se penaliza al autoconsumo respecto a otras vías de eficiencia energética. Según las estimaciones de la asociación, el año pasado apenas se instalaron 22 MW.
El denominado impuesto al sol será menor respecto al borrador inicial, pero se añaden unos recargos importantes”, afirmó Donoso, tras añadir que se trata “del mismo perro con distinto collar”.
La propuesta establece un registro de instalaciones y severas sanciones, de hasta de 60 millones, para quienes incumplan la norma, “superiores a las de vertidos nucleares”, según la asociación.
Además de dejar sin bono social a los autoconsumidores (al no poder contratar el PVPC o tarifa regulada que da derecho al mismo), hay una prohibición explícita al uso de acumuladores y otra implícita. Aun cuando se levantase, el borrador incluye un cargo extra sobre los sistemas con acumulación “que la hace inviable”.