La excúpula de Novagalicia se arriesga a tres años de cárcel
Novacaixagalicia (NCG) echó a andar en diciembre de 2010 después de que el FROB inyectara una primera ayuda pública de 1.162 millones de euros con la que tratar de garantizar la viabilidad de Caixanova y Caixa Galicia, que quedaron integradas.
En mayo de aquel año, en pleno proceso de fusión, “movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial” varios directivos de Caixanova decidieron “introducir diversas mejoras en los contratos de alta dirección que garantizaran la liquidación y rentas vitalicias futuras en el caso de producirse su previsible salida de la entidad crediticia tras la fusión”, denuncia la Fiscalía sobre los 18,9 millones de euros en prejubiliaciones que se adjudicaron.
Anticorrupción pidió este lunes para ellos y sus colaboradores tres años de prisión y otros tantos de inhabilitación en el sector bancario por delitos de apropiación indebida y administración desleal durante el arranque del juicio que acoge la Audiencia Nacional.
Se sientan en el banquillo el exdirector general Caixanova José Luis Pego (que cobró 7,7 millones); el exdirector general adjunto ejecutivo Javier García de Paredes (5,6 millones); el antiguo responsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán (4,8 millones) y uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez (691.261 euros, como beneficiarios de las prejubilaciones.
También, como colaboradores necesarios, al excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, por permitir los pagos, y al abogado laboral Ricardo Pradas, que redactó las nuevas cláusulas que se ocultaron a la comisión de Retribuciones y al Consejo de Administración.
El juicio se abrió con la declaración de este último, que fue interrogado por la Fiscalía durante más de tres horas. “Siempre actué en representación de la entidad, nunca en representación de ninguno de los directivos. ¡Hombre, por favor!”, respondió a la fiscal Pilar Melero.
El abogado, exasesor externo de Caixanova, explicó que había “incertidumbre” e “inquietud” en el ánimo de los directivos de la firma por el “futuro que iba a depararles” la fusión con Caixagalicia. Por eso, sostuvo, se llevó a cabo una modificación en los contratos de alta dirección para garantizar que podría tener acceso a una cuantiosa prejubilación si se les expulsaba de su puesto aunque no hubieran cumplido los 55 años y a cobrarla íntegramente de una sola vez.
“Sigo manteniendo que no es una cláusula de blindaje, sino una liquidación de prejubilación y si esto me lleva a una condena, que baje Dios y lo vea”, exclamó Pradas, según recoge Europa Press. “Siempre he actuado con pulcritud jurídica e ir más allá es buscarle tres patas al gato”, defendió
“Yo no soy el dueño de los dineros, no decido quien recibe o quien deja de cobrar”, añadió el abogado. El juicio continuará hoy con las respuestas que de a su defensa antes de pasar al resto de acusados.