Los Gobiernos autonómicos asumen una herencia de 30.000 millones

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Cuando Podemos irrumpió en el tablero político, su líder Pablo Iglesias acuño la frase que sintetizaba el programa político de la formación. “Asaltar el poder”. El objetivo era desbancar a los partidos tradicionales y convertirse en alternativa. Pocos meses después apareció Ciudadanos, cuya obsesión pasa por convertirse en partido “bisagra” y que la conformación de gobiernos autonómicos o locales pase por sus manos, así como las políticas económicas que se aprobarán.

Ya sea para asaltar el poder o para ser bisagra, ambos partidos se van a encontrar, en caso de que logren sus objetivos en éstas próximas elecciones, con unas cuentas en proceso de saneamiento y con una herencia “envenenada”. Las líneas de financiación que el Ejecutivo ha puesto en los dos últimos años a disposición de las autonomías y de los ayuntamientos ha permitido evitar la quiebra a una gran mayoría y un ahorro sustancial en la carga financiera, ya que han pagado un interés muy inferior al que hubieran abonado si hubieran acudido a los mercados. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, calcula que el ahorro logrado en tres años se ha elevado a 22.000 millones de euros. La contraprestación por la concesión de esos préstamos es el hecho de que regiones y municipios tendrán que arrastrar durante los próximos doce años unos créditos que deberá devolver a Hacienda.

La mitad de los recursos irá a Cataluña y la Comunidad Valenciana, que tendrán que hacer duros planes de ajuste

Con dos años de carencia y diez para el pago del principal, estos préstamos supondrán una importante losa para las comunidades y municipios más endeudados. En concreto, la suma de todos los préstamos se eleva a 30.000 millones de euros para este año, con un protagonismo destacado para dos comunidades autónomas: Cataluña y Comunidad Valenciana. La primera adquirirá compromisos por valor de 8.656 millones (un 29,67% del total) y la segunda por 7.288 millones (un 24,98% del total). Una carga que se suma a la ya recibida en los tres anteriores ejercicios y que ha llevado a que ambas comunidades sean las que más deuda tengan en relación al PIB y en las que más rápido ha crecido. De los 236 747 millones que debían las autonomías al cierre de 2014, 64 476 millones (un 27,2%) correspondió a Cataluña y 37 376 millones a la Comunidad Valenciana (un 15,7%). Si se mide en relación al PIB regional, la carga de la comunidad presidida por Mas se eleva al 32,3% y la presidida por Alberto Fabra llega al 37,6%. Un desfase en el endeudamiento que se une al desequilibrio entre gastos e ingresos. De hecho, Cataluña cerró el pasado ejercicio con un déficit público del 2,13%, más del doble del 1% prometido, mientras que la Comunidad Valenciana lo hizo en el 2,39%, también lejos del 1%. Ambos desfases les llevará a la elaboración de planes de ajuste draconianos para poder llevar el déficit público al 0,7%.

Y es aquí donde aparece mejor representada la herencia envenenada. En el caso de la Comunidad Valenciana, la coalición de izquierda que trata de dar por finalizada la etapa de 20 años seguidos de gobiernos populares (en la que estaría entre otros Podemos), se podría encontrar con la desagradable sorpresa de un fuerte ajuste (via gasto o impuestos), lejos de las promesas electorales. También podría suceder algo similar en el caso de Cataluña, en el que la coalición entre republicanos y nacionalistas podría dar paso a un gobierno de izquierdas, cuya primera tarea sería presentar unos ajustes por valor de 2.800 millones. Algo a lo que difícilmente se podrán negar, ya que el nivel de deudas que tiene con el Estado (más del 50% del total está en manos del Ejecutivo central) es tan elevado que el rechazo al pago podría llevar a una situación similar a la que está sucediendo en el caso de Grecia: falta de liquidez para pagar los servicios públicos y peligro de suspensión de pagos. De hecho, Hacienda tiene preparado un remanente de 9.600 millones para hacer frente a los distintos planes B que puedan surgir después de las municipales y autonómicas del 24M.

El 95% de los municipios españoles cerró 2014 con superávit

Y aquí apunta claramente al caso de Madrid, en el que si el PP pierde la mayoría y surge otro Ejecutivo de signo político distinto, Hacienda está dispuesta a ofrecer dinero a tipo cero para garantizar una correcta prestación de los servicios públicos. El Ejecutivo presidido por Ignacio González y el Ministerio de Hacienda ha mantenido un pulso, pese a ser del mismo partido, ante las reiteradas negativas de Madrid a adherirse a los distintos fondos habilitados por Hacienda basadas en dos argumentos. El primero era que no lo necesitaba, ya que tenía capacidad para acudir por sí misma a los mercados para financiarse a precios baratos, y el segundo es que adherirse a esos fondos penalizaba a Madrid frente a las agencias de calificación y aquellos inversores que le tenían que prestar dinero.

El caso de los ayuntamientos es radicalmente diferente. En principio, Hacienda ha reservado un fondo de 1.000 millones de euros para asistir financieramente a los ayuntamientos tanto a los cumplidores como a los que tengan desequilibrios en sus cuentas. Hasta el momento solo ha tenido que hacer uso de 113 millones, desglosados de la siguiente manera: 73,1 millones van destinados a ayuntamientos que estaban viendo retenidas sus participaciones en los ingresos del Estado por no pagar a proveedores y que han visto sustancialmente mejorada su posición; 25,1 millones dirigidos al Fondo de Ordenación (creado para aquellos ayuntamientos que no cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria ni el plazo de pago a proveedores) y 14,9 millones al Fondo de Impulso Económico para los consistorios con las cuentas saneadas que puedan obtener créditos para inversión. A esa cantidad hay que sumar los 296 millones habilitados a través de una enmienda del PP en el Senado para que los municipios puedan acceder a financiación para el pago de las sentencias judiciales. Lo que se busca con esta decisión es evitar que las cuentas de un consistorio puedan verse dañadas por una condena desde la Justicia.

La letra pequeña de los fondos

Fondo de Facilidad Financiera: Destinado a las comunidades autónomas que cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y período medio de pago a proveedores (30 días). Se han dedicado 11.336 millones para este ejercicio. La región que más recibe es Andalucía, con 2.962 millones, seguida por Castilla y León, con 2.003,6 millones, y Galicia, con 1.542, 5 millones.

Fondo de Liquidez Autonómica: Dedicado a aquellas regiones que no cumplen los objetivos de estabilidad presupuestarias y que no tienen acceso a los mercados financieros. Los fondos que reciben los pueden utilizar para pagar el déficit y los vencimientos de deuda. Es el fondo más importante, con 17.605,43 millones. La región que más recibe es Cataluña, con 8.258,38 millones, y la segunda es la Comunidad Valenciana, con 7.168,20. Este año tendrá tipo cero y los otros irá a tipo del Tesoro.

FLA social: Hay ocho autonomías (Aragón, Andalucía, Baleares, Castilla - La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunitat Valenciana) que se han adherido a ese fondo para pagar las deudas que tienen contraídas con las entidades locales a través de convenios firmados. Hay 601 millones, de los que 398 corresponden a Cataluña.

Fondo de Ordenación: Dotado con 25,1 millones y dirigido a aquellos ayuntamientos que no cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria ni el plazo de pago a proveedores. Los consistorios gaditanos de de La Línea de la Concepción y Jerez de la Frontera, con 18,4 millones de euros, absorben un 73,3% del total.

Impulso económico: Dedicado a los municipios saneados que quieran endeudarse para invertir. Dotado con 14,9 millones.

Retenciones por préstamos: Con una dotación de 73,1 millones, está dirigido a aquellos municipios que han mejorado sus cuentas y pueden cambiar sus retenciones para el pago de deudas por préstamos.