Una legislación 'antitrust' más disuasoria
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado su intención de multar con cantidades de hasta 60.000 euros a los directivos y gestores de aquellas empresas que incumplan reiteradamente las normas de competencia, así como de las que participen o intervengan en actuaciones prohibidas. La intención del regulador es sumar estas sanciones –que ya contempla la Ley de Defensa de la Competencia– a las que el organismo impone habitualmente a las compañías infractoras, un sistema de penalizaciones cuya cuantía puede llegar hasta el 10% de la facturación de la empresa involucrada en prácticas de trust, contra la competencia.
Como explicó ayer en el Senado el presidente del organismo, José María Marín Quemada, al hacer uso de la facultad de multar al equipo directivo la CNMC se pretende reforzar el carácter disuasorio que tiene el régimen sancionador y evitar así en mayor medida las prácticas anticompetitivas. Marín recordó que el régimen sancionador que se aplica a las compañías se ha visto clarificado y reforzado tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que establece que las multas de la CNMC deben imponerse sobre el valor del negocio total de las empresas infractoras. La política que el regulador quiere aplicar tras ese fallo a la hora de fijar las sanciones a las sociedades –especialmente aquellas tipificadas como más graves– debe aspirar a lograr un equilibrio entre dos polos: el afán disuasorio y la proporcionalidad en la sanción.
Dentro de ese objetivo de aumentar la severidad sancionadora, la decisión de comenzar a multar a los directivos de las compañías resulta una medida contundente, dado que elevará considerablemente el riesgo al que se ve expuesto el ejecutivo que adopta una decisión empresarial anticompetitiva. No en vano la posibilidad de ver mermado su patrimonio con una o varias multas de hasta 60.000 euros debería servir de freno –o al menos de elemento que induzca a una mayor reflexión– a la hora de adoptar determinadas decisiones empresariales.
Durante la comparecencia de ayer, Marín Quemada repasó algunas cuestiones relacionadas con la labor de vigilancia de la CNMC. El presidente del organismo advirtió de los riesgos del actual proceso de fusiones en el sector de las telecomunicaciones en España y apuntó también a que las empresas eléctricas y de distribución de hidrocarburos están entre las prioridades de supervisión del regulador. Sin duda el organismo tiene una amplia tarea de supervisión para asegurar que los operadores económicos respeten las reglas de juego de la libre competencia en el mercado. Pero también cuenta con el reto de lograr que esa labor supervisora no menoscabe o entorpezca la fluidez y crecimiento de las operaciones empresariales.