No prohibamos por prohibir
Como experto en medicina respiratoria e investigador del impacto del cigarrillo electrónico en la salud, en los últimos años, he seguido muy de cerca y he investigado en detalle la evolución de este producto en países como Italia, Reino Unido, Francia, EE UU o España. En todos ellos he visto una reticencia inicial por parte de la comunidad médica al cigarrillo electrónico.
Cuando comencé la investigación de este producto, he de admitir que yo mismo era escéptico sobre el cigarrillo electrónico y lo desaconsejaba, aún sin conocerlo mucho, y así lo mostré en una entrevista en la televisión pública italiana en 2009.
Pero cambié de opinión cuando comencé a estudiar a fumadores que utilizaban el cigarrillo electrónico. Me reconocían que habían dejado de fumar gracias al cigarrillo electrónico y que se sentían mejor. Como investigador y médico que soy, no podía continuar destruyendo algo que desconocía y, desde ese momento, he estado trabajando para evaluar los potenciales beneficios del cigarrillo electrónico para la salud pública.
Los resultados han sido contundentes, en todos los países del mundo y con fumadores de todas las edades y de ambos sexos. Las evidencias científicas son lo suficientemente concluyentes para que la comunidad médica y los legisladores apoyen el potencial del cigarrillo electrónico como alternativa al tabaco.
Especialmente, me gustaría señalar a los reguladores del cigarrillo electrónico que su influencia en la prevalencia de fumadores se ha demostrado en aquellos países donde su regulación no es asfixiante, como en Reino Unido y Francia. Entonces, ¿el regulador español debería o no seguir su ejemplo? Permítanme desde estas líneas proporcionar una serie de recomendaciones basadas en los resultados de nuestras investigaciones:
En primer lugar, evitemos el uso desproporcionado del “principio de precaución” según el cual rechazamos de antemano los beneficios positivos del cigarrillo electrónico, cuando se ha demostrado que proporciona una reducción de los daños del tabaco en los fumadores que se pasan al cigarrillo electrónico o alternan con el mismo.
En segundo lugar, el legislador debe pensar en las consecuencias no deseadas de una regulación no proporcional o asfixiante. Así, sería una auténtica lástima mandar una señal negativa o alarmista a ese 20% de fumadores que los estudios demuestran que han dejado de fumar cuando se pasan al cigarrillo electrónico, muchos de los cuales terminan también dejando de vapear.
En tercer lugar, tengamos cuidado con la sobrecarga de informaciones, datos y cifras “científicos”, pues tras el exceso puede encontrarse la intención de justificar ciertas políticas. Por poner un ejemplo simple, sólo en EE UU se han invertido 287 millones de dólares para investigar en los últimos años si las dietas alimenticias son o no saludables para el hombre, sin llegar a ninguna conclusión determinante, pero justificando todo tipo de productos y programas en el mercado.
Por el contrario, lo que el regulador y la comunidad científica debemos hacer es centrarnos en los estándares de calidad y la seguridad de los productos. Los consumidores lo que realmente desean es saber qué llega a su cuerpo, y es aquí donde debemos fortalecer los estudios.
El objetivo más importante debe de ser controlar la prevalencia de fumadores en la población. Es precisamente en este ámbito donde claramente obtendremos y observaremos el impacto real del cigarrillo electrónico en la salud pública con el paso del tiempo, como estamos viendo en Reino Unido.
Por ello, no prohibamos gratuitamente el uso del cigarrillo electrónico en espacios públicos o su publicidad, pues su desincentivación significará privar a la población del grandísimo potencial que tendría este producto en la salud pública como una alternativa menos dañina al tabaco.
El cigarrillo electrónico no es un producto perfecto, claramente no es una medicina, pero genera la sensación de fumar, recrea el “placer” y, gracias a ello, cesa la adicción. Sin ambigüedades, estoy convencido que los responsables de la salud deberíamos apoyar al cigarrillo electrónico como alternativa menos dañina al tabaco y ayudar a los legisladores a tomar medidas para regular estos productos de forma sensible.
No prohibamos por prohibir. Los legisladores deben tener en cuenta a la ciencia y ésta señala que el cigarrillo electrónico es una alternativa al tabaco segura y válida.
Riccardo Polosa es director del Instituto de Medicina Interna e Inmunología Clínica de la Universidad de Catania (Italia)