El PSOE propone que se prohíban las técnicas de ‘fracking’ en España

Instalación de fracking.

En el trámite de enmiendas parciales al proyecto por el que se modifica la ley de hidrocarburos, el Grupo Socialista ha propuesto que quede prohibida “en todo el territorio nacional la realización de actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos no convencionales que supongan -en todo o en parte del proceso- la utilización de las técnicas de fractura hidráulica o fracking con inyección de fluidos y/o aditivos químicos”. La medida se aplicaría ya a los permisos en marcha.

Los socialistas presentaron anoche 69 enmiendas a un proyecto de ley que establece nuevos tributos a la exploración y producción de hidrocarburos, que revertirían a los territorios en que se realicen estas actividades, y la creación de un mercado secundario de gas o hub. Además, el Gobierno había prometido añadir al texto, a través de enmiendas parciales, otras medidas para fomentar la competencia en el mercado de los carburantes.

En esta línea, el PSOE propone rebajar el límite de cuota de mercado provincial que ahora tienen las petroleras del 30% al 25%. Las compañías que se encuentren en esa situación no podrán adquirir nuevas instalaciones ni suscribir nuevos contratos de distribución en exclusiva. A efectos de computar dicha cuota se tendrá en cuenta el número de gasolineras del grupo empresarial que, en el caso de los archipiélagos, se haría por islas.

El motivo de esta propuesta, según el entender del PSOE, es que la normativa ha resultado ineficaz en su objetivo de reducir las cuotas de los operadores principales, pues estos las han incrementado aumentando el volumen vendido, mediante el intercambio de instalaciones con menores ventas por otras con mayores volúmenes. Aun con todo, el PSOE opta por rebajar la cuota teniendo en cuenta el número de gasolineras y propone que en el plazo de 10 años ninguna compañía tenga más de dicho 25%.

Otras enmiendas planteadas se refieren a la limitación del accionariado del operador de la red de oleoductos, CLH, al 10% del capital o del 6% de los derechos de voto. En el caso de los operadores, este límite quedaría en el 2%.

Asimismo, propone la aplicación de un bono social para la bombona de butano, del que disfrutarían determinados consumidores. Este bono sería financiado por los Presupuestos del Estado y solo se circunscribiría a las personas físicas y nunca para el GLPutilizado como carburante. En este sector, se prohibiría cualquier cláusula que restrinja el uso de depósitos.

Respecto a la creación del mercado secundario de gas, de ley el Grupo Socialista da su apoyo al promotor vasco de este mercado, Iberiangashub, al proponer en una de sus enmiendas que “las actividades del operador del mercado organizado y las relativas a ofertas de otros productos con horizonte de entrega mayor que el diario se efectuará en plataformas separadas para evitar subvenciones cruzadas entre ambas actividades”.

El proyecto de ley en trámite, establece que el operador de este mercado será la sociedad Mibgas, creada el año pasado y en el que participarán, según el texto legal, el operador del mercado ibérico OMIE y Enagás. Por contra, el PSOE propone que en su accionariado forme parte cualquier persona física u jurídica y que ninguno de los accionistas tenga más de un 5% para evitar una influencia significativa.

El principal grupo de la oposición plantea que el supervisor de este mercado sea la CNMC, que se encargaría de fijar las reglas de funcionamiento. También que dicho operador sea financiado por los comercializadores de gas natural en proporción al combustible que introduzcan en el sistema.

Por otra parte, propone que la responsabilidad de Cores se limite a las reservas estratégicas de hidrocarburos no las de seguridad, como plantea la norma, un papel que correspondería también a las comercializadoras, excepto los nuevos entrantes.