Transparencia, estadística y fiscalización
El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) reprendió ayer públicamente en el Congreso a tres de las instituciones más reputadas en la elaboración estadística (Banco de España, Instituto Nacional de Estadística e Intervención General del Estado) por las dificultades para recabar información de la que disponen y poder así ejercer su labor de fiscalización de las cuentas públicas, en particular, y de las cuentas nacionales, en general. José Luis Escrivá reclamó la creación de un instrumento, habilitado por la ley pero no constituido, que coordine el flujo de colaboración entre todas las instituciones proveedoras de información económica referida a las Administraciones públicas (y esas tres lo son), así como a sus empresas, tengan o no carácter financiero. Tal comité informal sería el encargado de facilitar la documentación disponible en las tres organizaciones independientes a la Airef.
La creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no ha culminado, dado que se trata de una institución de nueva creación cuyo perfil no ha sido nunca ensayado en España y que no cuenta todavía con los medios humanos y técnicos necesarios para fiscalizar cada una de las actuaciones presupuestarias de todas y cada una de las Administraciones públicas. Pero se está abriendo camino con un cualificado equipo de profesionales a los que cada Administración está obligada rendir cuentas de sus recomendaciones y, en caso de no hacerlo, a explicar por qué no las observa y aplica.
La creación, por recomendación de la Unión Europea, de esta propia institución es un ejercicio de búsqueda de la transparencia y de racionalización del gasto público, ajustado a las necesidades del país en cada nivel de Gobierno, para corregir los excesos que en el pasado han llevado a la economía española al borde del colapso fiscal. Por ello debe ser una iniciativa a la que todas las instituciones económicas y gubernamentales deben colaborar, cada una en la medida de su conocimiento y responsabilidad. Y las tres instituciones a las que se le reclama mayor aportación, cada una de ellas con diferentes grados de autonomía, están obligadas a proporcionarla, con la misma predisposición con la que ya lo hacen otras instituciones administrativas que manejan información muy sensible para la ciudadanía, como es el caso de la Agencia Tributaria o la Tesorería de la Seguridad Social.
Un funcionamiento transparente de un sistema económico en una sociedad democrática solo es posible con el mayor grado de información sobre la función pública, que legisla y administra sobre las aportaciones de cada cual y del destino de los recursos. Tal flujo de datos es la mejor fórmula para construir una sociedad crítica y una economía equilibrada, próspera y sostenible.