Ciclo político, ciclo económico y ciclo inversor
España pasará cinco veces por las urnas este año, un fenómeno tan inaudito como inevitable por la estructura política del país, con un grado de descentralización poco común en Europa. Pero la auténtica novedad de este agitado carrusel electoral es la posibilidad de liquidar el poder del bipartidismo que ha gobernado el país desde la salida de la dictadura por la irrupción de alternativas, sobre todo en la izquierda de las posiciones sociológicas, que puede dificultar la gobernabilidad. La acidez y longevidad de la crisis y la aparición de fenómenos de corrupción en una amplia mayoría de las instituciones ha desesperado a muchos colectivos sociales que están dispuestos a pasar una exigente factura a los partidos tradicionales, que ciertamente han convertido en buena parte la política en un oficio de refugio de la mediocridad y del lucro particular. Una parte nada despreciable de la sociedad ha optado por echarse en manos, según las consultas demoscópicas, de opciones populistas y radicales que hacen tabla rasa con el pasado: con los pilares institucionales y legislativos y el funcionamiento de la economía, así como con la evidencia de que el resultado agregado es una sociedad libre que ha registrado uno de los mayores avances y enriquecimiento colectivo de toda la OCDE desde 1978.
Una de las obligaciones desatendidas por los políticos en España es armonizar los calendarios electorales municipales, autonómicos y generales de tal guisa que se puedan evitar yincana como las que este año tendrán que afrontar los votantes. Lo ideal sería que los comicios autonómicos tuvieran una fecha única cerrada para todos las comunidades, evitando que regiones a sí mismas consideradas diferentes, puesto que no es tal el trato que ya les dispensa la Constitución tras la igualación competencial, salpiquen el calendario con caprichosas convocatorias que muchas veces no se convierten en otra cosa que en obstáculos para el buen desempeño de la economía.
La decisión de adelantar las elecciones andaluzas puede ser un movimiento de la presidenta de la Junta que tal vez solo sirva para deteriorar más una gobernabilidad ya tocada. Pero la convocatoria anunciada con nueve meses de anticipación para que los catalanes voten por tercera vez en el espacio de una legislatura natural es un despropósito político que el electorado seguramente castigará como sus autores merecen. Desde luego que el ejercicio de la democracia es sagrado y la fórmula universal de ejercerlo es votando cada cuatro años a los representantes locales, regionales y nacionales. Pero cada cuatro años; un poco de orden sería de agradecer. Sobre todo teniendo en cuenta que este año, cuando la recuperación del ciclo económico parece consolidarse, y con él, el de la inversión, el ruido electoral solo genera incertidumbre, ante la posibilidad de una gobernabilidad precaria, tanto en Andalucía ahora, como en todas y cada unas de las regiones y ayuntamientos desde mayo, e incluso en el propio Estado a fin de año.
Los institutos de análisis macroeconómico no dejan de revisar al alza los crecimientos estimados para la economía, y ya se apunta a un 3% para este año, que además puede ser el inicio de un ciclo de cerca de media docena de años con ritmos parecidos. Pero las casas de inversión, sobre todo las extranjeras –son los extranjeros quienes costean la gran mayoría de las necesidades de financiación de este endeudado país– manifiestan verdadera preocupación por la gobernabilidad para 2016 y el mantenimiento de una política de reformas necesarias y del rigor en la gestión de las cuentas públicas.
Parece ser que los recursos siguen llegando y que el interés por los activos españoles se ha intensificado. Pero nadie toma una decisión sin preguntar antes con vehemencia por el riesgo de parálisis política, o incluso por el que una victoria de partidos que cuestionan todo el sistema político y económico, con más radicalidad que lo pueda plantear incluso Syriza en Grecia. Cualquier pacto en el Parlamento –donde se ejecuta siempre y con buen sentido la segunda vuelta electoral para elegir Gobierno– debe tener en cuenta el objetivo último de la mayoría de los españoles, que a buen seguro será respetar lo que se ha hecho bien y revisar lo que se ha hecho mal, así como cuidar la recuperación de la economía y el empleo, primera obligación de todo responsable público.