Segunda oportunidad... ¿perdida?

El Gobierno ha esperado a los últimos meses de legislatura para afrontar un problema acuciante desde el principio de la crisis: la situación de las familias excesivamente endeudadas sin capacidad para pagar la hipoteca, ya sea mes a mes, ya sea vendiendo la casa. Los desahucios empezaron a brotar en 2010, con un par de años de retraso sobre el inicio de la crisis. El Gobierno socialista soslayó el asunto durante aquel lamentable final de legislatura. El Ejecutivo de Rajoy fue más hábil a la hora de afrontar el asunto, aunque solo de modo superficial.

Se ha legislado ya tres veces (primero voluntariamente, después por una vía legal después modificada) sobre los desahucios, y se eliminaron algunos de los aspectos más endemoniados de la ley hipotecaria. Además, por primera vez es pública una estadística sobre desahucios. Modificaciones de mucho tirón mediático pero menos sustancia: el problema de fondo ha persistido. Bancos con demasiadas casas vacías y demasiadas personas que se quedan sin casa.

La ley de segunda oportunidad es lo más parecido a una solución global al problema social del exceso de deuda. O podría haberlo sido. Alguna vez he escrito que, más que normativas sobre los desahucios, el problema hipotecario debería afrontarse desde la norma hipotecaria, a ser posible permitiendo que las hipotecas entren en los concursos personales de acreedores y modificando algunos aspectos de la normativa. Aquí, más sobre el tema.

Pero, tras una primera lectura, me da la sensación de que, una vez más, cuando la legislación topa con la banca y el billón y pico de hipotecas concedidas, las buenas intenciones (o las intenciones electorales, lo mismo me da) se quedan en los titulares. El camino hasta la exoneración de las deudas es un tanto farragoso e inseguro para alguien que, recordemos, está a punto de perder su casa. Aquí he detallado las condiciones, para quien quiera.

Yo habría preferido que el proceso concursal de persona física incluyese la deuda hipotecaria; si es que queremos que este concurso de acreedores sirva para algo. Si entrando en concurso se pueden plantear planes de pago, las familias con problemas mantienen la casa y el banco cobra algo.

En todo caso, queda por ver cómo funciona la medida actual. Quizá la parte más importante no sean las personas que pueden soportar, y pagar, el proceso legal de declararse en concurso, llegar a liquidación, pedir la exoneración, responder a las alegaciones de los abogados de la contraparte y demostrar durante cinco años que ha cumplido las condiciones, que es cuando la revocación de deudas es definitiva.

Hasta el momento todas las bazas en el negocio hipotecario estaban en la misma mano, y la capacidad de renegociación dependía exclusivamente de la voluntad del banco, que en caso de impago se queda con la casa y con la deuda. Este desequilibrio, creo, contribuyó a inflar aún más la burbuja: todo el riesgo hipotecario recae en un lado, luego el otro lado (los bancos) tienen todo el incentivo del mundo a dar crédito sin mirar a quién. Quien se moleste en leer una escritura hipotecaria creerá estar viviendo en un relato de Franz Kafka.

Si hay una vía para borrar parte de esta deuda, puede abrir la puerta a que la banca esté más dispuesta a renegociar planes de pagos. Es una solución lejos del óptimo, porque sospecho que las personas más vulnerables son precisamente las que menos capacidad tienen para renegociar. Una mejora, pero también una oportunidad perdida.