El PSOE propone que la multinacional tribute al 35% por sus beneficios reales
Defiende un incremento del salario mínimo
El PSOE registró este miércoles una propuesta de resolución tras el debate sobre el estado de la nación en la que insta al Gobierno a tomar una serie de medidas en materia de fiscalidad, tanto de modificación de los tributos como de incrementar los efectivos de la Agencia Tributaria. La iniciativa, que se debatirá y votará mañana jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados dentro de la última jornada del debate sobre el estado de la nación, recoge establecer una tributación de entre el 30% y el 35% sobre los beneficios reales obtenidos en España por las empresas multinacionales por la actividad que realizan en el territorio nacional.
Por otra parte, recoge dotar a la Agencia Tributaria de 5.000 efectivos más para luchar contra el fraude fiscal. Además, se apuesta por reformar la Ley General Tributaria para conocer los nombres de los defraudadores y abrir una investigación sobre las filtraciones que afirman se han producido en Agencia. Entre los cambios que se proponen en los tributos están recuperar el tipo general del 30% en el Impuesto sobre Sociedades, revisar las deducciones que tienen carácter regresivo en el IRPF, establecer un tipo mínimo homogéneo estatal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o gravar con un 15% a las Sicav.
En cuanto al IVA, piden aplicar un tipo reducido del 5% a actividades culturales, el superreducido (4%) a bienes y servicios de primera necesidad y el reducido (10%) a sectores intensivos en mano de obra. Por otra parte, proponen hacer efectiva la puesta en marcha de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras y aproximar la imposición ambiental a la media europea. Desde el PSOE reclaman, además, suprimir los billetes de 500 euros, y configurar un nuevo sistema de financiación autonómica.
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de Resolución al Debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso que reclama iniciativas contra la pobreza y la exclusión social y, entre ellas, “una política de garantía de ingresos común en todo el Estado”.
En concreto, la iniciativa insta a “mejorar las estrategias de inclusión activa abordando la formulación de una política de garantía de ingresos común en todo el Estado, vinculada a la activación para el empleo, que permita garantizar unos mínimos de subsistencia a todos los ciudadanos”.
“Para ello es necesaria una reordenación integral de las distintas prestaciones con el objetivo de mejorar su cobertura. Se establecerá con más claridad el ámbito de aplicación y se introducirán nuevos elementos de protección si fuera necesario”, expone la iniciativa.
La propuesta de resolución propone por otra parte, que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil “para declarar inembargable la renta activa de inclusión, las prestaciones de Servicios Sociales, las prestaciones del sistema de Dependencia, las del Plan Prepara, la renta agraria, el subsidio para trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario, los subsidios por desempleo, las ayudas y becas al estudio y otras análogas a estas”.
“De esta forma evitaremos que estas prestaciones, de carácter netamente social, se utilicen para saldar deudas con terceros y no se dediquen a cubrir las necesidades para las que son concedidas”, dice el Grupo Socialista.
Subir el salario mínimo
Asimismo, propone, por un lado, un Plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social en general y un Pacto por la Infancia que involucre al Estado, las Comunidades autónomas y las ONG, y, por otro, que “de manera urgente” se elabore un Plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia.
Este plan incluiría medidas para “mejorar las rentas familiares” entre las que se incluyen la mencionada subida del salario mínimo, extender la protección por desempleo, incrementar las prestaciones por hijo a cargo “de forma que las familias tengan capacidad para el acceso a las necesidades básicas, con especial atención a aquellas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad”.
Además, conllevaría el diseño de “un marco común” para garantizar los derechos de la infancia en todo el país, “medidas para impedir los efectos negativos de los recortes” y “reformas en sanidad en la atención sanitaria que reciben los niños”, junto a “el refuerzo de los servicios sociales para que puedan responder a la actual situación de la infancia, incluyendo la atención a los niños que han vivido desahucios”.
La lucha contra la pobreza energética también requiere un plan de actuación, a juicio del PSOE. Proponen medidas como “la definición de la pobreza energética sobre la base de aquellos consumidores vulnerables que deban destinar más de un diez por ciento de su renta al consumo energético. A estas personas no se les podría cortar el suministro en los meses de frío, conforme pide la iniciativa.
Este plan deberá incluir una serie de medidas como “una tarifa social asequible para la población vulnerable en cada uno de los suministros energéticos de ámbito doméstico” que no tenga en cuenta las fluctuaciones del mercado “sino la renta” y la “capacidad de hacer frente a la factura” y con financiación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.