El Foco

Una estrategia global para la formación profesional

El mercado de trabajo en España se caracteriza, entre otras cosas, por una estructura de cualificación desequilibrada, que presenta notables diferencias con la europea, basada fundamentalmente en las cualificaciones de nivel intermedio. Analizando los datos de Eurostat, en España tenemos un elevado nivel de universitarios (casi el doble que en la Unión Europea), pero presentamos un índice muy bajo en lo que se refiere a las cualificaciones intermedias: un 23% frente al 49% de la media europea y al 59% de Alemania, gracias a su magnífico sistema de formación inicial dual.

Resulta primordial que acertemos con las políticas activas de empleo, las dirigidas a los trabajadores

En España, la formación profesional inicial no ha tenido hasta ahora un desarrollo adecuado y esta es una de las causas de la situación que padece nuestro mercado laboral. En consecuencia, deberían redoblarse los esfuerzos que en los últimos años vienen haciéndose para impulsar la formación de nuestros jóvenes. Sin embargo, los efectos de las políticas sobre la formación inicial tardarán en notarse. Por ello, resulta primordial que acertemos con las políticas activas de empleo, las dirigidas a los trabajadores en activo, entre ellas la formación ocupacional o formación para el empleo.

Nuestro actual subsistema de formación para el empleo, construido a partir de nuestra entrada en la UE, ha conseguido llegar en un plazo relativamente corto a un gran número de empresas y trabajadores, gracias, entre otras cosas, a la implicación de los agentes sociales. Sin embargo, desde sus inicios se ha venido incentivando el gasto en formación y desatendiendo la creación de infraestructuras y equipamientos, convirtiéndolo, por tanto, simplemente en un mecanismo de financiación de actividades formativas.

Se ha creado un mercado de la formación subvencionada, donde últimamente se compite de tal forma que las actividades formativas que se ofertan son las más rentables, mientras se abandonan aquellas que requieren un mayor uso de materiales y equipos.

En los últimos años se ha desarrollado la denominada formación de demanda, es decir, la formación que las empresas realizan por su cuenta y luego se bonifican en sus cotizaciones sociales. Ello ha supuesto acercar la formación a las necesidades inmediatas de las empresas. Pero las estadísticas muestran que la mayoría de las acciones formativas que se acogen a esta modalidad son de contenido transversal y genérico (idiomas, informática, etc.), de corta duración y que no requieren mucha inversión.

La experiencia del sector de la construcción en este terreno no debería caer en saco roto

Sin embargo, las necesidades de recualificación de trabajadores en relación con las competencias propias de una ocupación u oficio difícilmente se pueden abordar desde la formación de demanda. Por ello, si queremos garantizar el ejercicio del derecho individual del trabajador a la formación, si queremos anticiparnos a los cambios de modelo productivo, si aspiramos a una estabilidad que permita la planificación estratégica y promueva la inversión en recursos formativos, resulta necesario dotar adecuadamente la iniciativa de formación de oferta.

Llevamos tiempo discutiendo sobre la necesidad de reformar el subsistema, pero centrándonos principalmente en su estructura y dejando de lado el análisis de resultados y su impacto en el tejido productivo de nuestro país.

Se hace necesaria una reforma que, además de solucionar los problemas de eficiencia y transparencia en la gestión, se inserte en una estrategia global para la formación profesional. Es necesario coordinar la formación para el empleo con la formación profesional inicial, potenciando el desarrollo de centros integrados. Hay que estrechar la relación entre las empresas y los centros de formación, que deben ser centros de entrenamiento para las habilidades y competencias que precisan sus trabajadores, con instalaciones adecuadas y no simplemente aulas. Hay que avanzar en mecanismos de acreditación que estimulen a las personas a progresar en su desarrollo profesional. Y eso solo puede hacerse potenciando el enfoque sectorial de la formación para el empleo.

Siguiendo el modelo de otros países europeos, hace más de 20 años el sector de la construcción decidió impulsar, a través de la negociación colectiva, la creación de una infraestructura que le permitiera dar respuesta a las necesidades de cualificación de sus trabajadores. Hoy en día, la Fundación Laboral de la Construcción cuenta con una red de centros de formación distribuidos por toda España, dotados de talleres, maquinaria y equipos de simulación.

Algunos de esos centros están ya impartiendo formación profesional inicial para jóvenes, lo que, unido a su oferta de formación orientada a la obtención de certificados de profesionalidad para adultos, de servicios de formación para las empresas y de orientación profesional e intermediación laboral, los convierte en auténticos centros integrados de formación profesional.

La Fundación Laboral de la Construcción ha realizado ya varios procesos de acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral, de los que se han beneficiado trabajadores que de hecho poseían una cualificación pero que no se reflejaba en un título o certificado. Y ha desarrollado un sistema de acreditación propio del sector, la tarjeta profesional de la construcción, que permite que cerca de 700.000 personas puedan demostrar su cualificación y su experiencia.

Todo esto ha sido posible gracias al compromiso de los agentes sociales plasmado en la negociación colectiva sectorial, gracias a la contribución de empresas y trabajadores mediante la fijación de cotizaciones a la fundación, que han permitido el desarrollo de su infraestructura. Y gracias también al apoyo de las Administraciones competentes en materia de formación y educación que han confiado en su labor.

En estos momentos en los que está abierto un proceso de reforma de la formación para el empleo, la experiencia del sector de la construcción no debería caer en saco roto.

Enrique Corral Álvarez es director general de la Fundación Laboral de la Construcción.

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