Cepos a la elusión fiscal de las multinacionales
La globalización de la economía, la eliminación de las fronteras para los movimientos de capitales y la búsqueda continua de las grandes corporaciones de tierras de oportunidades para producir con menores costes y oasis tributarios para maximizar beneficio y minimizar factura fiscal, han provocado que en los últimos lustros una parte significativa de las bases tributarias generadas sobrevuelen los dominios de los Gobiernos y esquiven sus compromisos de pago. Miles de millones de euros generados por la actividad consumidora quedan sin fiscalizar por la incapacidad física de aprehenderlos por parte de las haciendas en las que se ubican las empresas matrices, pero especialmente por aquellas en los que se despliegan sus filiales. Los jugosos márgenes que están en juego han activado una sofisticadísima industria de la planificación societaria y fiscal que va por delante de las administraciones tributarias que las combaten, y que manejan mecanismos de defensa muchas veces más poderosos que los gubernamentales para hacer valer sus intereses.
Pero esta elusión fiscal planificada no es admisible ni compatible con la existencia de una inmensa bola deuda pública engordada en años y años de desequilibrios presupuestarios en la práctica totalidad de los países más ricos del planeta. Por ello, los Gobiernos trabajan desde hace varios años en la unificación de sus criterios de captura de los recursos que escapan a sus arcas pero que se generan delante de sus narices. En los últimos años se han dado pasos muy notables para estrechar el cerco a las bases no declaradas, con la coordinación que han ejercido algunas instituciones multilaterales como el G20, el FMI y los gobiernos de las grandes zonas económicas mundiales. En los años pasados se han cerrado acuerdos que no dejan de ganar adeptos para el intercambio de información financiera cruzada, tras haber desmantelado en la práctica el secreto bancario que hacía de las verdes tierras helvéticas una fortaleza segura, y la semana pasada en la cumbre de Estambul se fijaron ya los detalles para el intercambio de información sobre las actividades de las empresas multinacionales, que era uno de los dolores de cabeza de las administraciones tributarias.
En 2017, con el ejercicio fiscal de 2016 completo, todas las empresas que facturen más de 750 millones de euros y lo hagan en alguno de los 76 países acogidos al acuerdo, y que representan el 90% del PIBmundial, estarán obligadas a facilitar a la administración tributaria del país en el que se aloja su matriz toda la información sobre la atribución mundial de sus rentas, la actividad económica y los impuestos pagados en cada país, y siempre con los mismos criterios para todos los países. Tal información será automáticamente compartida por cada país con los 75 restantes, para que cada cual, en función de los datos disponibles, conozca el grado real de cumplimiento de las obligaciones tributarias de las filiales de cada empresa en su territorio, y pueda reclamar los impagados e iniciar inspecciones y sancionar conductas.
Este mecanismo de intercambio de datos fiscales y de la actividad de cada empresa en cada país se producirá independientemente de que exista o no convenio bilateral entre dos países o de que tal pacto estipule obligaciones en contrario, pues dispone del aval multilateral del G20 y funciona de paraguas a los más de 3.000 convenios bilaterales de naturaleza tributaria vigentes en el mundo, y en cuyos vacíos ampara la ingeniería fiscal de algunas multinacionales su conveniencia tributaria.
Sociedades basadas en actividades en red, que están en la mente de todos porque llevan años esquivando al fisco de los países y que dificultan la localización de los hechos imponibles, lo tendrán desde ahora más difícil; pero este acuerdo de ejecución inmediata, junto con los que han puesto en marcha sobre información bancaria, y que ya compromete también a 93 países, hace más difícil la ocultación de impuestos, aunque sigue siendo muy arriesgado decir que lo hace imposible. Para cerrar más puertas al fraude es preciso que las ventajas legales que quieran proporcionar determinadas administraciones para atraer inversión estén plenamente regladas y no lleguen al grado de la competencia desleal. Y desde luego la planificación patrocinada por los Gobiernos, como el aún reciente ejemplo sonrojante de Luxemburgo, tiene que ser desterrado.