Editorial

Liberalizar el AVE a un coste razonable

El Gobierno y el Consejo de Estado estudian estos días las condiciones para abrir a la competencia privada el corredor ferroviario del AVE Madrid-Levante. Uno de los nudos de esa decisión está en el canon que Adif –la firma pública que construye y gestiona la red ferroviaria española– cobra por el uso de una infraestructura que hoy únicamente utiliza Renfe. Las empresas interesadas en optar al concurso que abrirá el Ministerio de Fomento reclaman una rebaja de hasta el 40% en ese coste o, al menos, que Adif deje de cobrar por la disponibilidad de las vías y empiece a hacerlo por la demanda de viajeros. Frente a ese planteamiento, la entidad gestora y el propio Fomento oponen dos argumentos. El primero, que Adif opera con los cánones más bajos de Europa y que solo cubre con ellos el 70% de los costes de la red de AVE. Y el segundo, que rebajar esa tarifa implicaría asumir un riesgo: no cubrir el 60% mínimo para que la deuda de Adif no compute en el déficit público.

Las empresas interesadas en el concurso –es el caso de Acciona, ACS, Ferrovial, Comsa, Veloi Rail, Alsa o Globalia– defienden que los números no salen, dado que el canon de Adif equivale al 60% de los costes de operación. A ello hay que sumar otras facturas que deberá asumir el operador elegido, como las que supone el alquiler de los trenes a Renfe. Como ha trasladado CEOE al Gobierno, todo ello suma unas pérdidas de 70 millones de euros por operar el AVE entre Madrid, Valencia y Alicante (a las que se añadirían Castellón y Murcia) durante los siete años de la explotación. Una factura lo suficientemente ruinosa como para que el concurso pueda quedar desierto.

Dado que esta última posibilidad no beneficiaría a ninguna de las partes, se hace ineludible buscar una solución que permita –no en teoría, sino en la práctica– abrir a la competencia el corredor de Madrid-Levante. La ministra de Fomento, Ana Pastor, quiere liberalizar el trazado antes de que termine la legislatura, pero para lograrlo tendrá que asumir que ninguna empresa estará interesada en optar a un concurso cuyas condiciones económicas sean deficitarias. Las soluciones para afrontar ese escollo pasan por flexibilizar, en lo posible, el montante del canon o que Adif asuma el riesgo de demanda de viajeros, o bien por promover alianzas empresariales que minimicen el riesgo de la explotación. Algunas empresas han comenzado a explorar esta última estrategia: es el caso de Globalia y Acciona; Ferrovial y FirstGroup, o Comsa con SNCF. Sea cual sea la solución finalmente adoptada, la convicción política y económica del Ejecutivo de introducir la competencia en una infraestructura como la del AVE se demuestra, en último término, en plantear unas condiciones que sean puerta de entrada en lugar de barrera.

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