Un autopréstamo de 170 millones
Vistas con perspectiva hay operaciones de la época dorada del sector inmobiliario español, básicamente el primer lustro del siglo actual, que hoy explican por sí solas el estallido de la burbuja de cuyos daños todavía se resiente la economía española.
Una de esas operaciones es el reparto acordado entre la familia Sanahuja y Joaquín Rivero en 2007 de la que fuera la primera inmobiliaria española, Metrovacesa, y que estos días investiga la Audiencia Nacional.
El exconsejero delegado de la empresa, Jesús García de Ponga, y el exsecretario del Consejo de Administración, Pablo Usandizaga, declararon ayer ante el juez Eloy Velasco imputados por delitos societarios y de apropiación indebida. También estaba llamado a declarar como imputado el expresidente Joaquín Rivero, que excusó su ausencia debido a que afronta en Francia otros procesos relacionados con su gestión al frente de Gecina, la inmobiliaria francesa que adquirió Metrovacesa en 2005. Declarará el 3 de marzo.
García de Ponga y Usandizaga tuvieron que responder ayer a cuestiones relativas a su labor al frente de Metrovacesa. En particular, una operación ha llamado la atención de la Fiscalía: préstamos millonarios que concedió Metrovacesa a empresas de Román Sanahuja cuando este presidía la compañía.
Rivero y la familia Sanahuja libraron entre 2006 y 2007 una batalla de opas y contraopas por el control de Metrovacesa valorada en miles de millones de euros. Los empresarios decidieron, en febrero de 2007, repartirse el grupo de forma que Sanahuja se hacía con el control de la empresa y la mayoría de sus activos en España mientras que Rivero y Soler se quedaban con el 30% del capital de Gecina.
Román Sanahuja fue nombrado presidente de la compañía alcanzando cerca del 80% del capital. En 2008, bajo la presidencia de Sanahuja, Metrovacesa transfirió a una sociedad luxemburguesa 140 millones de euros, cantidad que “a petición del anterior presidente” se aplicaría a la adquisición de activos de Sanahuja, según consta en documentos enviados entonces por la compañía a la CNMV. Ese mismo año Metrovacesa realizó un depósito en garantía de un proyecto de plan de opciones sobre acciones para empleados de 30 millones.
En septiembre de 2008, al no haberse formalizado ninguna de las dos operaciones, las empresas de Sanahuja reconocieron adeudar a Metrovacesa 170 millones en total. “El señor Sanahuja ha confirmado la aplicación de dichos importes manifestando que los mismos se destinaron a necesidades corporativas de su grupo”, explicó Metrovacesa en uno de sus comunicados a la CNMV.
Las transferencias de 140 y 30 millones fueron “ordenados por el entonces consejero delegado Don Jesús García de Ponga siguiendo instrucciones del presidente del consejo, Don Román Sanahuja Pons”, indicó la inmobiliaria. En respuesta a requerimientos del regulador del mercado, Metrovacesa admitió que dichas operaciones no fueron analizadas ni aprobadas por el Comité de Auditoría ya que esa debía ser función de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Sanahuja aportó activos inmobiliarios para saldar la deuda con Metrovacesa, operación que los accionistas minoritarios que han denunciado el acuerdo de separación ponen en cuestión.