Un escudo antimorosidad para las pymes
La morosidad comercial y administrativa constituye un viejo y grave problema de la economía española, cuyos efectos se han agravado de forma exponencial durante los años de la crisis. La factura que han sumado los retrasos en los pagos desde 2008 es suficientemente elocuente de la magnitud de este lastre para el pequeño tejido empresarial: casi 400.000 pymes han cerrado sus puertas por este motivo desde esa fecha, según datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. La entidad organizó ayer una jornada en la que denunció que las empresas cotizadas continúan incumpliendo el plazo legal de pago –que es de 60 días– y abonan sus facturas a pymes y autónomos a 80 días. La plataforma, que calcula en 68.000 millones de euros el coste de este retraso y en 4.000 millones el ahorro conjunto que supone para las grandes compañías, exigió al Gobierno un reglamento sancionador que permita obligar al sector privado a pagar en plazo.
La respuesta dada por el Ejecutivo, a través del ministro Cristóbal Montoro, que clausuró el evento, pasa por animar a las pymes a denunciar los abusos. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas recordó que la legislación antimorosidad –reformada en 2013– prohíbe los acuerdos entre partes privadas para fijar plazos de pago superiores a los legales. Sin embargo, como sabe cualquier pequeño empresario, los conflictos judiciales enrarecen, cuando no destruyen, las relaciones comerciales, especialmente cuando una de las partes tiene una posición mucho más débil que la otra. A ello hay que sumar el problema añadido que supone para muchas pymes, asfixiadas por la falta de liquidez, embarcarse en un procedimiento cuyo plazo de resolución puede ser ágil en el caso de pequeñas deudas, pero se alarga cuando se supera ese umbral.
Por todas esas razones, resulta no solo una petición razonable, sino urgente, que el Gobierno promulgue un reglamento sancionador que permita multar a aquellas empresas que incumplan los plazos que marca la ley. Como recordó ayer Montoro, la morosidad de las administraciones públicas ha mejorado gracias a la batería de medidas adoptadas desde el inicio de la legislatura –que incluye el plan de pago a proveedores y el fondo de liquidez autonómica– y al aumento del control en los pagos. Ello ha redundado en que tanto la Administración central, como la Seguridad Social y los ayuntamientos cumplan los plazos y en que la morosidad se concentre únicamente en las comunidades autónomas, especialmente en los organismos que dependen de estas. Seguir avanzando en mejorar el cumplimiento puntual de los pagos a proveedores en el sector público es un objetivo imprescindible, pero ese esfuerzo debe completarse con una norma que imponga la tolerancia cero en la morosidad del sector privado y proteja a autónomos y pymes.