Cumbre entre Hacienda y empresarios contra la morosidad
Se pretende evitar la pérdida de 2.000 millones anuales
El Ministerio de Hacienda ha llevado a cabo varias reuniones con representantes empresariales con el objetivo de llevar a cabo reformas y abordar el problema sobre los periodos de pago a proveedores, evitando el grave perjuicio que la demora de estos puede causar, estimada en más de 2.000 millones de euros anuales.
Según ha informado Europa Press, las administraciones cuyo periodo medio de pago “supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad” podrán llegar a la retención estatal de los regímenes de financiación, con el objetivo de “pagar directamente a los proveedores y reconducir de forma imperativa su pago medio a los proveedores al plazo máximo legal”.
En lo que respecta a las reformas contra la morosidad, estas reuniones –iniciadas en julio de 2014 y cuyas decisiones se aplicarán tanto al ámbito autonómico como al local- los cambios afectarán al Plan de Pago a Proveedores, al Fondo de Liquidez Autonómico, la ley de impulso de factura electrónica y la creación del registro de facturas en el sector público.
Asimismo, entre los avances aportados se encuentran la ley orgánica de control de la deuda comercial y la obligación para todas las administraciones públicas de calcular y publicar su período medio de pago.
Características de la publicación
Tal publicación es de carácter mensual y a ella deben acogerse comunidades autónomas, capitales de provincia y municipios de más de 75.000 habitantes. La misma se basa en una metodología común y homogénea, que dota a la publicación, según indica la agencia de noticias “de transparencia, implica un avance en las posibilidades de análisis de los datos, tanto en el tiempo como entre las distintas administraciones y supone un incentivo a su reducción para las propias Administraciones".
Estas reformas, según el ministerio, sitúan a nuestro país "en una posición pionera" respecto a los países de nuestro entorno, sobre todo en lo que respecta al procedimiento de facturación y seguimiento de los periodos de pago a proveedores. Asimismo, el ministerio sostiene que se trata de "un paso más en la lucha contra la morosidad en el ámbito del sector público".
