Acuden a los juzgados por el reparto de Metrovacesa

Joaquín Rivero-Román Sanahuja, la guerra continúa

A la derecha de la imagen, en primer plano, Joaquín Rivero; detrás, Román Sanahuja, en 2006.
A la derecha de la imagen, en primer plano, Joaquín Rivero; detrás, Román Sanahuja, en 2006.

Más de siete años después de que Román Sanahuja y Joaquín Rivero se repartieran salomónicamente la inmobiliaria Metrovacesa, los dos empresarios tenían que verse ayer de nuevo las caras en la Audiencia Nacional, que investiga aquella operación que supuso la división de la que fuera la primera compañía del sector en España.

No pudo haber encontronazo porque Joaquín Rivero no acudió a la cita. Rivero, que tenía que declarar como imputado, al igual que Sanahuja, se excusó asegurando que su abogado no podía asistir. Dicen que el juez Eloy Velasco a punto estuvo ayer de cursar orden de busca y captura contra el empresario jerezano, al que finalmente citó para el próximo día 11.

Rivero y la familia Sanahuja libraron entre 2006 y 2007 una épica batalla de opas y contraopas por el control de Metrovacesa. Los dos bandos se dejaron por el camino cientos de millones de euros involucrando en la pugna a entidades financieras o a empresarios como la familia Lara, que a través de Inversiones Hemisferio adquirió más del 5% del capital de la inmobiliaria desembolsando 632 millones, el grupo cordobés Prasa, o el valenciano Bautista Soler, que apoyó sin reservas a Rivero. Se acusaron mutuamente de espiarse, de falsear datos. La mayoría de los que participaron en aquel enfrentamiento salieron malheridos.

El empeño de los Sanahuja terminó por doblegar a Rivero, que abandonó la presidencia de Metrovacesa. Román Sanahuja fue nombrado presidente de la compañía alcanzando cerca del 80% del capital. Los empresarios decidieron, en febrero de 2007, repartirse el grupo de forma que Sanahuja se hacía con el control de la empresa y la mayoría de sus activos en España mientras que Rivero y Soler se quedaban con el 30% del capital de Gecina, la mayor inmobiliaria francesa y en la que Metrovacesa había llegado a tener más del 60% del capital.

Sanahuja y Rivero debieron pensar que el enfrentamiento no había sido en balde, que uno se coronaba como rey del ladrillo en España y otro del inmobiliario en Francia. Pero con el estallido de la burbuja inmobiliaria española y de la crisis financiera mundial a la vuelta de la esquina, los tronos estaban a punto de estallar por los aires.

A pesar de la que se avecinaba, Metrovacesa realizó operaciones inusuales en 2007. Como la compra por 1.600 millones de euros de la sede en Londres del banco HSBC; la adquisición de un derecho de uso sobre el complejo Walbrook Square, también en Londres, por 327 millones de euros; o la compra de ocho edificios en Alemania por 340 millones.

En 2009 Sanahuja se vio obligado a intercambiar las acciones de la compañía por deuda con los bancos acreedores, que son hoy los primeros accionistas del grupo. Sacresa, la inmobiliaria de la familia catalana, se declaró en concurso con un pasivo superior a los 2.000 millones de euros.

Joaquín Rivero aguantó más. Pero el año pasado acabó también por perderlo todo. Blackstone, la mayor sociedad de capital riesgo del mundo, desbancó al empresario y a Soler de Gecina. Bami, la inmobiliaria de Rivero en España, se declaró en concurso de acreedores y recientemente ha entrado en fase de liquidación.

Los quebraderos financieros de aquella aventura inmobiliaria persisten hoy en día. Y a ellos se han sumado los judiciales. Ni a los accionistas minoritarios de Metrovacesa ni a la Fiscalía Anticorrupción le cuadra el reparto acordado de la compañía ni determinadas operaciones realizadas. Según fuentes jurídicas, Sanahuja repartió ayer las responsabilidades de esas operaciones ante el juez Velasco entre la banca y el mismo Joaquín Rivero.