Editorial

Una reforma que no se debe abandonar

La decisión del Gobierno de dejar en suspenso por tiempo indefinido la aprobación de la futura Ley de Servicios Profesionales vuelve a dejar esta regulación –que ya fue acometida y paralizada en su día por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero– guardada en un cajón. La razón que esgrime el Ministerio de Economía para este aplazamiento es la intención de Bruselas de revisar la directiva que regula el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, un proceso que será “largo y complejo” y cuyo objetivo es abordar el acceso a ciertas profesiones en el marco del reconocimiento recíproco. La decisión del Gobierno fue recibida ayer con satisfacción por Unión Profesional, que se ha opuesto con firmeza al texto y que atribuye la paralización de su aprobación al férreo rechazo que han mostrado las profesiones.

Más allá de esas razones, posponer la reforma del mercado de servicios profesionales y hacerlo, además, sin un horizonte temporal es una mala noticia. En primer lugar, porque se trata de una vieja e importante asignatura pendiente de España, que ha sido emplazada varias veces por las instituciones europeas para que acometa ese proceso, especialmente tras los 40.000 millones de euros concedidos en 2012 para sanear el sector bancario. En segundo lugar, por el peso que tienen las profesiones reguladas en España. No en vano, se trata de un sector que contribuye muy activamente al tráfico económico en nuestro país, con una aportación al PIB que algunos cálculos cifran hasta en un 9%. Pese a que no existen estadísticas oficiales, se estima que el número de profesionales colegiados está en torno a un millón y medio y que el mercado de estos servicios es responsable de más de un 6% de empleo directo.

El sector se ha convertido en más de una ocasión en una fuente de preocupación en materia de libre competencia, como demuestran algunas de las sanciones impuestas por la antigua Comisión Nacional de Competencia en aspectos como el acceso a las profesiones, la regulación de los precios o las restricciones de publicidad. Uno de los puntos que la reforma, ahora en suspenso, pretendía abordar era el papel de los colegios profesionales, al limitar la colegiación obligatoria, implantar la libre elección del lugar de colegiación o restringir el montante de las cuotas de inscripción. Se trata de un objetivo clave, puesto que racionalizar las prerrogativas colegiales en un marco que conjugue la protección al consumidor y la libre competencia es una de las premisas básicas para modernizar y flexibilizar el sector en su conjunto. Precisamente por ello, los perjudicados por este nuevo retraso no serán tan solo los profesionales y los consumidores, sino también el conjunto de la economía española.