Amenaza de huelga en las oficinas de empleo
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) –conocido popularmente con su antiguo nombre de Inem– tiene unos 9.500 trabajadores en toda España. Su trabajo consiste en atender las solicitudes de prestaciones y subsidios por desempleo, reconocer o rechazar estas ayudas y abonarlas.
De toda esta plantilla, de cara al público trabajan unos 6.500 empleados en 711 oficinas. Si se tiene en cuenta que al año se realizan unos 25 millones de atenciones ciudadanas presenciales sobre ayudas económicas a los desempleados, cada uno de estos trabajadores realiza más de 5.300 atenciones anuales. Y gestionan 11 millones de solicitudes de prestaciones y subsidios por desempleo
Esto equivaldría a que cada empleado público debe responder a unas 22 solicitudes presenciales y 7 tramitaciones de ayudas al día. Y para cada una de ellas no pueden destinar más de 10 o 15 minutos de media a atender a cada parado.
Ante esta situación, todos los sindicatos que representan a estos 9.500 trabajadores (CC OO, CSI-F, UGT, USO y ELA) se han plantado y enviado una carta a la Ministra de Empleo, Fátima Bañez, exigiendo un aumento de la plantilla y una mejora de los medios técnicos y formación de sus efectivos. En previsión de que estas peticiones no se atiendan por parte del Ejecutivo, preparan ya un calendario de movilizaciones.
Las protestas comenzarán con una primera fase informativa en febrero a la que seguirá otra en marzo “don de los paros y la huelga tomarán el protagonismo si el Gobierno no ofrece una solución”, advertían ayer fuentes sindicales del SEPE.
Según denuncian los representantes de estos empleados públicos, “el nivel de estrés en muchos casos es insoportable ante la desmedida responsabilidad de gestionar una prestación económica de carácter fundamental –de 12.000 euros de media– en unos márgenes de tiempo ridículos”.
Es más, el hartazgo de estos empleados no está provocado solo por la escasez de las plantillas –que se han recortado en 670 efectivos desde 2009, sino por la carencia de características técnicas que deberían tener.
De hecho, los sindicatos aseguran que para funciones estrictamente técnicas, reservadas a cuerpos y escalas de funcionarios específicamente cualificados, “están siendo asumidas por, imposición del Ministerio de Empleo, por personal auxiliar y administrativo” sin la formación necesaria. Solo el 11% de los 6.232 puestos de toda la red de oficinas está cualificada para estas funciones.
El resto de las quejas apuntan a la excesiva precariedad o los bajos salarios en comparación con otros departamentos de la Administración. Así, los representantes sindicales aseguran que el 25% del personal del SEPE es eventual, lo que sitúa a este organismo con la tasa de temporalidad más elevada de la Administración General.
Igualmente, sus retribuciones son un 23% inferiores a las de otras áreas del propio ministerio de Empleo que realizan tareas similares, según sus denuncias. “El resultado de todo esto es una fuga permanente de personal”, añaden.
A todo esto le suman la gestión de la nueva ayuda, de reciente creación, para los parados de larga duración con cargas familiares que hayan agotado todas las ayudas. “Esta nueva prestación nos ha desbordado todavía más y está provocando retrasos en la gestión y reconocimiento de las ayudas, así como en la atención, sobre todo en el servicio de cita previa”, se quejan fuentes sindicales.
En concreto, se había llegado a dar dicha cita –única vía para acceder a la tramitación de las prestaciones– en un periodo de uno o dos días y ahora estamos citando para dentro de más de una semana, aseguran estas mismas fuentes.
Dos días de reconocimiento
Sin embargo, desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se niega que la nueva prestación haya generado “ningún colapso, ni ningún retraso” en la gestión de las ayudas a los desempleados.
Es más, indican que el plazo de reconocimiento de las prestaciones está por debajo de los dos días y que incluso con más parados de los que hay ahora este plazo “bajaba mes a mes”. No obstante, fuentes de Empleo aseguran que Báñez atenderá a la carta enviada por las centrales sindicales y le dará respuesta.
De momento, la atención de la ministra se centra ahora en negociar la nueva cartera de servicios mínimos que deberán atender todos los servicios públicos regionales de empleo. Estos servicios deberán cubrir cuatro áreas: atención personalizada al parado; asesoramiento a empresas y colocación; formación y cualificación; y consejos para el autoempleo.
Y serán los empleados públicos de las comunidades autónomas, que comparten oficinas con los empleados del SEPE, los encargados de impartir estos servicios mínimos que serán los mismos para todas las regiones. Los agravios comparativos con estos empleados autonómicos –cuyo número total se desconoce– son otra de las quejas de los trabajadores estatales del SEPE.
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