El Gobierno planea liquidar organismos públicos deficitarios
Se abrirá la puerta a suprimir organismos cuando sumen dos ejercicios seguidos con pérdidas
"Qué fácil es crear una sociedad pública y qué difícil es liquidarla”. Esta es unas de las primeras lecciones que aprendió la subsecretaria del Ministerio de Hacienda cuando inició el proceso de racionalización del sector público. Y ahora, según indicó en un encuentro con periodistas, el objetivo es revertir la ecuación para facilitar la supresión de entes públicos y dificultar su creación. El anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público abre la puerta a cerrar organismos de la Administración estatal cuando presenten durante dos ejercicios desequilibrios económicos. Los entes que se encuentren en esta situación deberán presentar un plan de saneamiento y, si no da resultado, se abordará su cierre en el Consejo de Ministros. En cualquier caso, el Ejecutivo podrá decidir que un ente deficitario sobreviva si así lo considera oportuno.
Por otra parte, la creación de un nuevo organismo público requerirá de la presentación de un plan de actuación en el que se establezca su función y objetivos. Además, deberá tener el aval del Ministerio de Hacienda y un órgano supervisará la sostenibilidad financiera del ente y el cumplimiento de las metas marcadas.
El anteproyecto no contempla que el Gobierno central pueda suprimir un ente público dependiente de las comunidades autónomas por ser deficitario. Aunque las autonomías deberán ejercer una supervisión de sus organismos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que el conjunto de la Administración ha suprimido 2.029 entes. De éstos, los ayuntamientos son responsables del cierre de 1.244 organismos frente a los 675 de las comunidades y los 105 de la Administración central. Según los cálculos del Gobierno, las medidas enmarcadas en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) han supuesto un ahorro de 18.187 millones. La mayor parte corresponde a las comunidades autónomas (10.510 millones). Ello es así porque son el eslabón administrativo con un mayor número de empleados públicos y el grueso de los ahorros de los planes de racionalización ha afectado al gasto de personal.
Por otra parte, el anteproyecto de Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, que también fue analizado el viernes por el Consejo de Ministros, contempla que la administración sea íntegramente electrónica. “Desaparecerá el papel”, señaló el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Cuando entre en vigor la norma, que será a lo largo de este año, todos los ciudadanos podrán relacionarse con la administración a través de internet. Se mantendrá la vía presencial en la medida en que hay colectivos que no están familiarizados en las nuevas tecnologías o no cuentan con recursos. El Gobierno señala que se simplificarán los medios de identificación y firma electrónica. También se generalizará para todos los procedimientos administrativos la posibilidad de reducir el importe de las sanciones por pronto pago o reconocimiento de responsabilidad.
Hacienda insiste en publicar la lista de morosos
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció por primera vez su intención de publicar una lista de morosos con Hacienda en diciembre de 2012. La medida todavía no se ha aprobado y está previsto que se incluya en la reforma de la Ley General Tributaria que el Gobierno pretende impulsar en los próximos meses.
Durante la conferencia posterior al Consejo de Ministros del viernes, Montoro señaló que se habilitará la publicación de esta lista negra a finales de enero. En cualquier caso, indicó que el mero anuncio de que se daría a conocer a la opinión pública el nombre de particulares y empresas con deudas ha incentivado el pago voluntario. Según Hacienda, la lista de morosos ya se está reduciendo por el temor de los contribuyentes de aparecer en ella.
La idea inicial es publicar el nombre de declarantes que tengan deudas superiores al millón de euros con la Administración. En junio de 2014, fuentes del Gobierno anunciaron que unos 2.000 contribuyentes tenían deudas con Hacienda superiores a ese importe o sanciones pendientes. Hacienda también trabaja con el poder judicial para dar a conocer los nombres de los ciudadanos condenados por fraude fiscal.
Más allá de la lista de morosos, la reforma de la Ley General Tributaria, que en un primer momento debía aprobarse en el marco de la reforma fiscal, también elevará el plazo para que los inspectores de Hacienda puedan cerrar sus inspecciones. Pasará de los doce meses actuales a los 18 meses. Aunque también se limitarán y clarificarán los supuestos que permiten interrumpir esos plazos. Actualmente existe una gran controversia acerca de este punto, lo que ha generado una elevada litigiosidad.