2015, caso abierto
Gerardo Díaz Ferrán (Marsans), Manuel Fernández Sousa (Pescanova), Jenaro García (Gowex), Miguel Blesa (Caja Madrid), Jesús Salazar (SOS)... Presidentes de grandes compañías en el pasado se sentarán en 2015 en el banquillo de los acusados. No sólo la política española se ha visto gravemente salpicada de corrupción.
MARSANS
El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en prisión desde diciembre del año 2012, se sentará previsiblemente este año en el banquillo de los acusados por el conocido como caso Marsans. Díaz Ferrán está acusado de vaciar la que fuera primera compañía española de viajes. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó apertura de juicio oral en abril de 2014. Ángel de Cabo, el empresario al que supuestamente vendió Marsans Díaz Ferrán al tiempo que la compañía solicitaba su entrada en concurso de acreedores, le acompañará en el banquillo. La Fiscalía solicita 15 años de cárcel para Gerardo Díaz Ferrán y ocho años para De Cabo.
Díaz Ferrán ya fue condenado el pasado año a dos años y dos meses de prisión por defraudar 99 millones en la compra de Aerolíneas Argentinas. Además afronta acusación por apropiarse de 4,4 millones de clientes de Viajes Marsans en el caso investigado por el juez Santiago Pedraz, también de la Audiencia Nacional.
CAJA MADRID
La gestión de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid seguirá deparando este año titulares. El Frob ha enviado a la Fiscalía expedientes sobre presuntos delitos cometidos por la cúpula de la caja. El último, el 29 de diciembre, sobre remuneraciones excesivas, 14,8 millones, recibidas por nueve directivos entre 2007 y 2010. Se suma al de las tarjetas opacas, el reparto de otros 15 millones entregados sin transparencia a directivos y consejeros. Atentos a los correos electrónicos que recibiera o enviara el expresidente de Caja Madrid que puedan ir filtrándose.
Además de los supuestos pagos delictivos cometidos por la entidad financiera, la Audiencia Nacional investiga supuestas irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia y en la venta de preferentes. Los expresidentes Rodrigo Rato y Miguel Blesa figuran entre los imputados por el caso frente al cual está el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
FORUM Y AFINSA
Durante décadas dos compañías, Afinsa y Forum, estafaron, presumiblemente, a cerca de medio millón de españoles vendiendo sellos bajo la promesa de que cada año su valor se incrementaba por el simple hecho del paso del tiempo, bajo lo que era en realidad, según las acusaciones, una gigantesca estafa piramidal.
Entre abril y mayo 2006, tras querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, se intervinieron judicialmente las compañías. Los casos de Forum y Afinsa todavía no han sido juzgados, pero quizá este año comiencen los procesos.
El pasado mes de octubre la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de 32 responsables de Fórum Filatélico, procesados por el juez Pablo Ruz, acusados de estafar 3.702 millones de euros a 269.203 clientes.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz concluyó el pasado mes de noviembre la investigación sobre Afinsa, calculando el perjuicio causado en 1.928 millones de euros, que afectó a 190.022 pequeños ahorradores.
PESCANOVA
El 28 de febrero de 2013 Pescanova comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que no formulaba las cuentas de 2012. Comenzaba así el declive de la multinacional gallega, hasta ese momento una compañía recomendada por analistas y considerada uno de los líderes mundiales del sector pesquero, y también el de su presidente, Manuel Fernández Sousa, un visionario del sector, hijo de uno de los fundadores del grupo.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz imputó a Fernández Sousa, y a otros ejecutivos y consejeros de la entidad y al grupo alimentario, como persona jurídica, por varios presuntos delitos como los de falsear cuentas o utilizar información privilegiada.
GOWEX
El 2 de julio Gowex se desplomó en Bolsa después de que la firma estadounidense de análisis Gotham publicara un informe asegurando que la compañía de wifi era un “fraude masivo a los inversores”. El presidente de la empresa, Jenaro García, tardó una semana en reconocer ante el juez la estafa. En agosto admitió ante el magistrado Santiago Pedraz durante su declaración como imputado que había inflado las cuentas de su empresa desde 2004.
La pasada Nochebuena García, a través de la red social Twitter, escribió: “Aunque no lo crean lo lamento profundamente y por eso mi prioridad es reducir el daño provocado y sí, también ingresar en prisión”.
SOS, SALAZAR
En febrero de 2009 consejeros del Grupo SOS, hoy Deoleo, la primera compañía del mundo en la comercialización de aceite de oliva, rechazaron las cuentas de 2008, por la concesión de un préstamo de 212,7 millones de euros otorgado a Condor Plus, sociedad controlada por los hermanos Jesús y Jaime Salazar, expresidente y exconsejero delegado del grupo.
Los hermanos Salazar podrían sentarse en el primer semestre de este año en el banquillo imputados por supuestos delitos de apropiación indebida, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra el mercado, entre otros.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, fijó una fianza civil de 360 millones de euros y ordenó el embargo de varios bienes de la familia Salazar a mediados de 2010.
La sociedad de capital riesgo CVC ha alcanzado recientemente el 48% del capital de Deoleo tras lanzar una opa por la compañía a 0,395 euros por acción. En 2008, antes de que estallara el caso, el grupo cotizaba por encima de los ocho euros por título.
CARCELLER
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó el pasado mes la apertura de juicio oral contra el presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, y su padre. Ambos están acusados de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales.
Carceller Arce se enfrentará a un juicio en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 14 años de prisión en su contra, y 48 años y seis meses para su padre. El Ministerio Público atribuye a Carceller Arce un delito de cooperación necesaria en delitos contra Hacienda por supuestamente contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.
RUIZ-MATEOS
El 25 de enero de 2012 la Policía Nacional entró en la exclusiva urbanización madrileña de Somosaguas donde registró, durante un día, la vivienda de la familia Ruiz Mateos, por orden de la Audiencia Nacional, en el transcurso de la investigación por las emisiones de pagarés de distintas empresas del conglomerado Nueva Rumasa.
En febrero de 2011 José María Ruiz-Mateos comunicó la entrada en concurso de varias de sus compañías, algunas tan conocidas como Clesa, Duhl, Elgorriaga, Trapa, Quesería Menorquina, Garvey, Hotasa, Hibramer, Carcesa y también el equipo de fútbol Rayo Vallecano. Unos meses después anunció la venta de Nueva Rumasa a Ángel de Cabo, el mismo empresario detenido y encarcelado por el caso Marsans.
Además de por el caso Nueva Rumasa, los Ruiz-Mateos afrontan otros procesos. La juez Mercedes Alaya impuso en julio fianza de 8,7 millones de euros a los seis hijos varones de José María Ruiz-Mateos por los cinco expedientes que su grupo empresarial tramitó a la Junta de Andalucía a través del conseguidor Juan Lanzas. Según el auto de la juez, la familia Ruiz-Mateos pagó 600.000 euros a Lanzas por cada uno de los expedientes de regulación de empleo en los que medió.
El pasado mes de octubre la Audiencia Provincial de Madrid inició juicio contra varios hijos de José María Ruiz-Mateos por la supuesta comisión de un delito de insolvencia punible, por el que la Fiscalía solicita la pena de seis años de prisión para cada uno de ellos, consistente en operaciones mercantiles realizadas a finales de los años noventa del pasado siglo para quebrar la sociedad Finamerco.
El mes pasado el juzgado mercantil número dos de Zaragoza condenó a cinco hijos José María Ruiz-Mateos a pagar 5,2 millones de euros por la quiebra fraudulenta de la empresa Helados Dhul.
El Tribunal Supremo se pronunciará sobre la demanda de Martín contra Jove
El Tribunal Supremo se pronunciará este año, posiblemente en los primeros meses, sobre la demanda presentada por Martinsa Fadesa contra Manuel Jove y Antonio de la Morena, expresidente y exconsejero delegado de Fadesa. La compañía presidida por Fernando Martín sostiene que en la compra de la inmobiliaria gallega, entre 2007 y 2008 por valor de 4.045 millones, se causó un perjuicio de 1.576 millones de euros por la incorrecta valoración de los activos de Fadesa.
La demanda ya fue desestimada por el mercantil de La Coruña en febrero de 2012, y después por la Audiencia Provincial de La Coruña. Martinsa Fadesa presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En caso de perder la causa en el Supremo, Martinsa se arriesga a ser condenada al pago de costas, que fuentes jurídicas estiman en 60 millones. La compañía presentó el 30 de diciembre propuesta de convenio de acreedores para evitar la liquidación; necesita que el 75% de los créditos ordinarios se adhieran a la misma.
De acuerdo a fuentes judiciales, previsiblemente la causa será debatida por el Pleno del Tribunal Supremo. Las mismas fuentes consideran que en el proceso se abstendrá de participar el magistrado Sebastián Sastre Papiol, que fue nombrado juez del Supremo en noviembre de 2013 y que fue responsable de la Asesoría Jurídica de La Caixa, uno de los principales acreedores de Martinsa Fadesa, hasta su nombramiento en el Supremo.