El juez deja a Serra y Todó a un paso del banquillo
Tras los múltiples escándalos que vienen haciéndose públicos en torno a la debacle de Bankia, desde las tarjetas opacas al fisco que manejaron durante años sus directivos y consejeros a una salida a Bolsa que el informe pericial encargado por el juez sostiene que se realizó aportando información falsa, comienzan a ver la luz las presuntas irregularidades de otras entidades rescatadas.
El martes, concretamente, concluía la instrucción del caso que investiga los salarios que se autoimpusieron los gestores de Catalunya Caixa, con un auto de conclusiones demoledoras que deja a un paso del banquillo al expresidente de la caja Narcis Serra, su exdirector general y luego sucesor Adolf Todó, y a otros 40 directivos.
Se trata en concreto de los 44 de los 54 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa que entre enero y octubre de 2010 aprobaron incrementos salariales, prejubilaciones, indemnizaciones y otras cláusulas beneficiosas para los directivos de una firma que terminó necesitando una “intervención de dinero público en descomunal cantidad”.
El auto del juez sostiene que estos sobresueldos fueron aprobados “en perjuicio y desprecio de los intereses de la entidad, de su finalidad, y de los intereses generales”. La firma, en concreto, terminó recibiendo un rescate de más de 12.000 millones de euros.
El informe pericial encargado por la Fiscalía a los técnicos del Banco de España, al que ha tenido acceso este diario, revela que Todó pasó de cobrar 900.826 euros en 2009 a 1,368 millones en 2010, mientras que su segundo, Jaume Massana vio elevada su retribución total de 653.344 a 996.344 euros en 2010.
Ambos vieron incrementado su sueldo variable, del 35% al 50% de su fijo en el primer caso y del 35% al 45%, en el segundo, “cuando el FROB estaba a punto de aportar 1.250 millones de euros e incluso cuando ya habían sido aportados y en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y del FROB”, asume el juez que también destaca que Serra cobró “elevados emolumentos” para un “mero cargo representativo”.
Esta política salarial “a todas luces excede la prudencia y buenas prácticas en una entidad de la naturaleza indicada, máxime teniendo en cuenta la precaria situación económica de la entidad, que ha tenido que ser sostenida con dinero público de todos los contribuyentes”, apuntaba el juez en el auto del martes.
El titular del juzgado número 30 de Barcelona ve, en suma, indicios de un delito de administración desleal en el hecho de que los antiguos gestores de la caja, hoy vendida a BBVA, tomaran “aparentemente reprobables decisiones” en materia salarial.
Así, el instructor del caso ha rechazado la petición de las defensas de archivar la causa y ha dado 10 días a la Fiscalía y las acusaciones personadas –Candidatura D´Unitat Popular (CUP) y la asociación de consumidores Ausbanc– para que soliciten la apertura de un juicio oral contra los denunciados.
A estos, informa Europa Press, todavía les queda la posibilidad de presentar recursos de apelación a la Audiencia de Barcelona, que tendrá que confirmar o revocar la decisión del juzgado de instrucción.