Las pensiones necesitan otra vuelta
Las cuentas de la Seguridad Social están en déficit desde hace ya unos años y sus gestores atienden las necesidades de recursos con el uso de fondos extraordinarios, como es el caso del fondo de reserva financiado en el pasado. El imparable avance de los gastos y la contracción de los ingresos regulares, tanto por la pérdida masiva de empleo durante la crisis como por el aplanamiento de las bases medias de cotización, provoca que cada año haya que echar mano de las reservas para atender como exige la ley el pago de las 14 nóminas a que tienen derecho los nueve millones de pensionistas.
Pese al ejercicio de rastreo de posibles ingresos extraordinarios que ha practicado la Seguridad Social en los últimos años, con subidas vigorosas de las bases en los tramos altos de renta, renacionalización de recursos de mutuas o ampliaciones de bases a todos los conceptos retributivos, nada impedirá que el fondo de reserva se agote en tres o cuatro años, independientemente de la aplicación más restrictiva posible del factor de sostenibilidad, que garantiza únicamente un avance de las prestaciones públicas de un 0,25% anualmente.
La variable fundamental que pone en cuestión la sostenibilidad del actual modelo sigue siendo el imparable envejecimiento poblacional, que irrumpirá con fuerza en una decena de años y estresará las cuentas de forma creciente hasta la mitad del siglo. Más pasivos y con mayor esperanza de vida. La llegada de las cohortes nacidas en el baby boom, todas ellas con carreras de cotización muy sólidas, deberá ser financiada por una generación menos numerosa y que precisará de nuevas entradas de inmigrantes, y con un modelo laboral en revisión, en el que las aportaciones por cotizaciones se encaminan a la contracción.
Los expertos convocados por CincoDías para analizar el futuro de las pensiones, públicas y privadas, coinciden en que el problema no está resuelto. Es evidente que el sistema tiene que estar sometido a una reforma continua que lo lleve a mayores aportaciones de los activos, seguramente con figuras adicionales más allá de la cotización por rentas del trabajo, a un estiramiento de la edad de jubilación, a una mayor transparencia y a una interpretación más consciente del uso de las prestaciones privadas como seguro complementario necesario, y seguramente a un reajuste de los retornos contributivos del sistema.
Habrá que dar una vuelta adicional a todas las variables, con más o menos intensidad, porque solo hay dos cosas no negociables: el mantenimiento del sistema público de protección a la vejez como principal pilar del Estado del bienestar, y el control riguroso de las cuentas públicas en una economía con unos niveles tan elevados de endeudamiento público y privado que condicionan la financiación y el crecimiento de la economía.