Tecnología española para sortear el control del Tío Sam
El escándalo provocado por las revelaciones realizadas por Edward Snowden en junio de 2013 sobre el espionaje que realizaba la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense sobre las comunicaciones de Gobiernos, empresas y usuarios provocó el malestar de Estados e internautas. Uno de los Gobiernos más críticos con la política de Estados Unidos fue el de Dilma Roussef en Brasil.
Brasil y el resto de países de América Latina sufren una gran dependencia de las conexiones con Estados Unidos para llamadas telefónicas e internet. Según datos de la consultora TeleGeography, los países de América Latina solo disponen de un cable submarino de conexión con Europa, el denominado Atlantis-2, propiedad de un consorcio en el que participan operadores como Embratel, Deutsche Telekom, Telecom Italia, Telefónica, Orange y BT. Una conexión que va desde la ciudad argentina de Las Toninas a Lisboa, pasando por la localidad de El Médano (Canarias). Un cable de 8.500 kilómetros y utilizado exclusivamente para llamadas telefónicas, que se acompaña de otros cuatro cables submarinos de comunicaciones que conectan al país latinoamericano con EE UU.
Para solventar la dependencia de las redes entre los países latinoamericanos y EE UU, la operadora de telecomunicaciones brasileña Telebras trabaja en un segundo cable submarino con la empresa española Islalink. Ambas firmaron hace unas semanas un “preacuerdo” que prevé la construcción del mismo durante 18 meses –para comenzar a operar en el segundo semestre de 2016– y que ha sido calificado de “estratégico” por la empresa brasileña.
Inversiones
Telebras anunció en febrero de 2014 unas inversiones de 32,8 millones de dólares en fibra óptica para la Copa del Mundo de fútbol celebrada en Brasil este año.
La compañía estatal brasileña analizó un cable submarino hacia Europa que pasaría por Angola. Unas conversaciones que no avanzaron finalmente. Un informe de la Fundación Technology & Innovation alertó que las empresas de Estados Unidos podrían perder 35.000 millones de dólares en ingresos hasta 2016.
El proyecto, que está valorado en 185 millones de dólares, supone la creación de una joint venture entre Telebras y Islalink, que controlará un 45% del capital, mientras que la empresa brasileña mantendrá un 35%. El capital restante, un 20%, aún está pendiente de encontrar socio. Con todo, se trata de un proyecto que se ha ido retrasando, desde que en 2012 anunciaran conversaciones iniciales. El futuro cable submarino contará con 6.000 kilómetros y permitirá una velocidad de transmisión de datos de 30 Terabits por segundo (Tbps), unas 700 veces más rápido que la conexión actual.
La empresa española, dedicada al tendido y explotación de cables submarinos de telecomunicación, tiene desplegado hasta ahora tres cables submarinos en España, uno entre Valencia y Baleares que está operativo desde 2001 y que cuenta con 300 kilómetros de longitud; otro entre Canarias y la península, y un tercero entre Valencia y Orán, que complementará a las conexiones que tiene Argelia con Francia e Italia. A ellos se sumará el que unirá Brasil con Europa, que comenzó a gestarse en 2012.
Islalink, fundada en 1999 por los empresarios Alfonso Gajate y Ross Mullins, registró un beneficio de 4,019 millones de euros en el ejercicio 2013. La compañía destinó, según la información publicada en el Registro Mercantil, 533.000 euros a compensar pérdidas de ejercicios anteriores y el resto, 3,5 millones de euros a reservas voluntarias. La empresa logró durante el pasado ejercicio una cifra de negocio de 2,9 millones de euros que contrasta con los 154.000 euros que facturó un año antes, por el incremento de ingresos financieros, que pasaron de 13.000 euros a 2,5 millones de euros, por la venta del 45,74% que tenía hasta entonces de su filial CanaLink –encargada del cable entre Canarias y la península– al Cabildo de Tenerife, que optó en abril de 2013 por ejecutar su opción de compra. Una operación que se realizó según afirma la compañía en su página web “contra su voluntad”. Datos que la empresa no ha querido precisar a este diario.
La empresa es desde finales de septiembre propiedad del fondo de inversión nórdico EQT, que controla activos por valor de 1.900 millones de euros en empresas de Europa, Asia y Estados Unidos. Una adquisición, cuyo importe no es público, que ha sido ya aprobada por la CNMC y que supone el mantenimiento de los hasta ahora gestores de la compañía. Corporación Financiera Alba adquirió en 2007 un 75% de la compañía, que la vendió un año más tarde por 15,7 millones de euros, lo que supuso una plusvalía de 1,6 millones. Desde 2008 la empresa estaba en manos del fondo Cube Infraestructure, con sede en Luxemburgo.
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