La justicia ordena el cese de la actividad de Uber en España

Taxistas de Madrid, se manifiestan en una marcha entre la glorieta de Atocha hasta la plaza de Cibeles, para expresar su rechazo a la entrada en servicio en la capital de Uber.EFE

El juzgado de lo mercantil número dos de Madrid estimó ayer las medidas cauterales solicitadas por la Asociación Madrileña del Taxi y ordenó el cese de la actividad de Uber, bajo la modalidad UberPOP, en todo el territorio nacional, a pesar de que el servicio solo funciona en Barcelona, Madrid y Valencia, al entender que sus conductores carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y que la actividad es competencia desleal para el taxi.

Se trata del primer golpe contra la economía colaborativa en España, que ha creciendo en sectores como el del alojamiento turístico y el transporte. En la disposición, el juez afirma que no se trata de una cuestión de debate filosófico sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino una protección cautelar basada en la legalidad vigente. La prohibición sigue los pasos dados en Holanda, donde el lunes un tribunal prohibió el uso de la app y su servicio UberPOP y fijó multas de 100.000 euros en caso de infracción. Veto que también ha sufrido en India y en varias ciudades de Estados Unidos.

El juez ordenó ayer el cese y prohibición en España “de la prestación y adjudicación del servicio de transporte de viajeros en vehículos bajo la denominación UberPOP, o cualquier otra que pueda denominarse con idénticos fines por la demandada” al entender que ofrece servicios de transporte online por parte de conductores contratados por la citada empresa al tratarse de competencia desleal y que estos carecen de autorización para el transporte. Según el juez, Uber “infringe las normas jurídicas de manera muy evidente en un sector regulado”.

La compañía aseguró que “se trata de un procedimiento judicial (...) altamente inusual” y afirmó que el fallo es “incompatible con el amplio reconocimiento político” a la economía colaborativa. Uber anunció en un comunicado que “continuará cumpliendo con la legislación española y que actualmente está evaluando una apelación”.

En Cataluña, donde la Generalitat declaró ilegal su actividad en junio, el auto del juez no supondrá novedades, según apuntó el Govern a Europa Press. Hasta ahora, ha impuesto 28 multas a Uber y otras 28 a los conductores, mientras que la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid tiene abiertos 25 expedientes sancionadores.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, aseguró ayer a este diario que “al fin alguien ha puesto algo de cordura” en esta problemática. En su opinión, las medidas cautelares del juez son “una buena noticia” y “nos debemos felicitar todos los taxistas”. Sanz mostró además su plena “satisfacción” por la decisión del juez, que ha dado “una respuesta contundente”.

Las organizaciones Fedetaxi, CTE y Unalt se alegraron ayer por la decisión del juez y recordaron que “es la primera ganada a Uber en el sector del taxi”. Cabify, por su parte, aseguró que la decisión del juez no le afecta y recordó que “estamos dentro de la normativa y cumplimos con la legalidad vigente al ofrecer coches profesionales con conductor”.

En el auto, el juez apunta que la ley de competencia desleal determina que cuando se infringen normas que son exigidas para actuar en un mercado, la infracción es en sí misma una acción desleal. La adopción de medidas cauterales se ha tomado sin escuchar a la empresa Uber porque, según se señala en el auto, la compañía está domiciliada “en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware”.

El auto afirma que las medidas entrarán en vigor una vez que la parte solicitante, la Asociación Madrileña del Taxi, presente “una caución en forma de aval bancario por importe de 10.000 euros”. Contra este auto no cabe recurso, si bien Uber cuenta con 20 días para formular su oposición a las medidas cauterales.

El tribunal solicita en su resolución a las empresas de telecomunicaciones y de pago electrónico que prohíban todo tipo de transacciones y alojamiento a Uber.