Cuatro autonomías duplicarán el déficit permitido por Hacienda
En 2013, las comunidades autónomas cerraron con un déficit del 1,5% del PIB, dos décimas por encima de lo previsto. La evolución de las cuentas regionales hasta septiembre apunta en la misma dirección (nueve autonomías ya superaban el límite del 1% fijado para todo el año) y el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo supervisor de las finanzas públicas, confirma los temores: hay siete comunidades que no van a cumplir el déficit. En este escenario, el presidente de la Airef, José Luis Escrivá, ha enviado el viernes a mediodía una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtiéndole sobre este hecho e instándole sobre la necesidad de aplicar medidas preventivas “con el fin de que se puedan poner en marcha los mecanismos de corrección sin esperar a la constatación de la posible desviación en el mes de marzo del próximo año”.
El informe divide a las siete regiones incumplidoras en dos bloques. Por un lado se encuentran Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, en las que el organismo estima que la desviación puede llegar a ser de un punto, de tal modo que cerrarían el ejercicio con un déficit del 2%, el doble del límite fijado por Hacienda para este año. En el segundo bloque se situarían Castilla-La Mancha, Andalucía y Baleares, en el que la desviación respecto al objetivo del 1% sería de tres décimas. Fuentes de la Airef apuntaron que los datos revelan que “la situación para cumplir las previsiones por parte de las autonomías es de extrema dificultad”. De hecho apuntaron que solo una (Aragón) ha presentado el Plan Económico Financiero con el que hacer frente a las desviaciones de 2013 y que el calendario de 2015, plagado de citas electorales, puede frenar la aprobación de los ajustes necesarios para reequilibrar las cuentas.
El organismo avisa de cierta relajación en los ajustes ligados al personal y a las centrales de compras
Tras el envío de la carta, el siguiente paso establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera será que el Gobierno, a propuesta de Hacienda, formule una advertencia a la autonomía incumplidora. En caso de que no lo hiciera, deberá motivar las razones que aconsejan no seguir la recomendación.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo la hará público en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el organismo que reúne al Ministerio de Hacienda y a las comunidades autónomas. La comunidad autónoma tendrá un mes para adoptar las medidas necesarias y en el caso de que no lo haga se activarían medidas correctivas, como limitaciones en las operaciones de endeudamiento o la presentación de un Plan Económico Financiero (PEF). Si también se incumplieran estas medidas correctivas se activarían las coercitivas, que pasarían por la no disponibilidad de crédito, la constitución de un depósito en el Banco de España por un importe del 0,2% del PIB y medidas de cumplimiento forzoso, que en último extremo pasaría por la intervención de la comunidad autónoma. Algo que todavía no se ha producido y que en caso de que sucediera podría demorarse al menos un año.
Esas mismas fuentes apuntan que todas las autonomías tienen un cierre muy ajustado para este año, “que no da margen para desviaciones de última hora” y que los tributos propios, en especial el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), ligado a la venta de casas de segunda mano, “se han comportado peor de lo previsto”. Asimismo apuntaron que se ha contemplado cierta relajación en las medidas correctoras aplicadas en los ejercicios anteriores, especialmente en materia de personal o en las centrales de compras centralizadas que se pusieron en marcha o se anunciaron.
De este modo, el déficit autonómico quedaría medio punto por encima del límite fijado por Hacienda, lo que supondrá una desviación de 5.000 millones. Un contratiempo para cumplir con el objetivo para el conjunto de las Administraciones Públicas, marcado en el 5,5% del PIB para este año, y que obligará con toda seguridad a que los ayuntamientos incurran otra vez en superávit para cubrir el desfase. En 2013 registraron un saldo positivo de cuatro décimas del PIB.
Detalles
Extremadura: los principales riesgos de desviación del objetivo de estabilidad en Extremadura se centran en el incremento generalizado de los ingresos, “sin que se hayan comunicado medidas que sustenten esta evolución”. Así, la Airef pone como ejemplo las previsiones recogidas en el apartado de tasas y precios públicos, que auguran un aumento del 28% hasta lograr 32 millones más. La realidad se ha encargado de tirar abajo las previsiones: entre enero y septiembre han bajado un 39%. Para 2015 prevé un fuerte incremento por la mayor actividad económica.
Cataluña: El informe de la Autoridad Fiscal señala que la mayor desviación de ingresos se producirá en el apartado de los patrimoniales. “En el escenario de cierre de 2014 se recogían unos ingresos básicamente derivados de enajenación de concesiones por importe de 1.100 millones de euros. Esta estimación ha sido modificada, habiéndose reducido en 1.045 millones la previsión inicial”. De este modo, la recaudación quedaría reducida a 55 millones, “más acorde con la evolución observada hasta el mes de septiembre”.
Murcia: El organismo supervisor aprecia que los principales riesgos de desviación se centran en la cuantía prevista por enajenación de inversiones reales. El informe apunta que al termino del ejercicio están previstos por enajenación de inversiones reales ingresos de 163 milllones, “fundamentados en un plan de optimización de activos inmobiliarios valorado en 156 millones para el último trimestre del año”. El texto de la Airef apunta que la elevada cuantía de la medida y su tardía ejecución “confieren un elevado grado de incertidumbre a la medida”.
Comunidad Valenciana: El informe detallado sobre las cuentas valencianas revela como el Ejecutivo presidido por Alberto Fabra espera recibir un anticipo del Fondo de Competitividad correspondiente al 2014 por un importe de 1.000 millones de euros. Sin embargo, tal y como recuerda la Airef, el anticipo no está previsto en el Presupuesto del Estado. “Este riesgo ya se puso de manifiesto en el ifnorme emitido sobre el borrador del Plan Económico-Financiero remitido por la comunidad, lo que implica un riesgo de desviación del 1% del PIB regional”.