Tribuna

La economía sumergida y sus soluciones

El reciente informe España 2018, que el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) presentó y que ha suscitado un notable interés público, ratifica algunas medidas defendidas desde hace tiempo por la Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP) para dinamizar el empleo en España y aflorar parte de la economía sumergida.

Este informe pone de manifiesto que han de materializarse una serie de reformas para mejorar la competitividad de España. Una de las medidas que propone es “incentivar la transición de la informalidad a la formalidad” disminuyendo el atractivo de la economía sumergida tanto para el trabajador como para el empleador.

Otros países han logrado este objetivo mediante la introducción de medidas para reducir la carga fiscal para los trabajadores con menores ingresos, la utilización como medio de pago de cheques de prestación de servicios subvencionando el coste de determinados tipos de empleo y simplificando los trámites de la contratación dentro de la economía formal.

Muy recientemente la CEOE, a sugerencia de AESP, remitió a los portavoces de los grupos parlamentarios unas propuestas de enmiendas, en la línea apuntada por el CEC, destinadas a favorecer el desarrollo de los servicios a la persona con medidas altamente eficaces en la creación de empleo, para que fueran tenidas en cuenta en la tramitación parlamentaria de los Proyectos de Ley de reforma del IRPF y de reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Ambos proyectos de ley han finalizado ya su tramitación en el Senado, pero el Gobierno tiene la oportunidad de utilizar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado 2015 para dar un impulso a la economía, introduciendo una serie de desgravaciones y deducciones que posibilitarían que los servicios a la persona tengan el mismo coste de forma regulada que en la economía sumergida. Hablamos de deducciones en el IRPF a las personas que justifiquen adecuadamente que han contratado estos servicios (por supuesto, con el límite que se determine reglamentariamente) y con desgravaciones en el impuesto de sociedades para las empresas que faciliten dichos servicios a sus clientes, empleados o familiares de los mismos. Francia aprobó en el año 2005 la conocida Ley Borloo, que permitió el desarrollo del sector de los servicios a la persona con unos resultados espectaculares: 400.000 empleos regulados en dos años y una importante reducción de la economía sumergida.

La sociedad de hoy día tiene una serie de necesidades de primer orden que deben ser satisfechas. Las conocemos como servicios a la persona: cuidado de hijos, apoyo escolar, cuidado del hogar, cuidado de enfermos y personas mayores y toda la gama de servicios relacionada con el día a día de las personas y familias, ayudando a la mejora de su calidad de vida y a la conciliación efectiva laboral y familiar.

Las oportunidades de empleo de este sector son enormes. Nuestros estudios indican que se podrían crear aproximadamente medio millón de nuevos empleos en los próximos tres años.

Sin embargo, la capacidad empleadora de este sector de servicios a la persona se encuentra con un obstáculo muy importante: muchas personas deciden acudir a la economía sumergida para satisfacer esas necesidades familiares y de esa manera reducir el coste, lo que conlleva innumerables perjuicios para las familias y para las personas que desarrollan esos trabajos. El beneficio que los servicios a la persona pueden ofrecer en cuanto a creación de puestos de trabajo y afloramiento de empleo sumergido solo será posible si se corrige esa situación. Lo importante es que a una persona que quiere contratar a otra ya sea directamente o a través de una empresa especializada en estos servicios le cueste lo mismo en la economía formal que en la sumergida y, por tanto, decida realizarlo por la vía legal. Para ello, desde AESP coincidimos totalmente con el CEC y la CEOE en la necesidad de que existan desgravaciones a las personas y a las empresas especializadas en proporcionar estos servicios. De esa manera, conseguiríamos que la gente no vaya a la economía informal para satisfacer estas necesidades.

España no puede permitirse renunciar a un sector con esta capacidad de generación de empleo y de afloramiento de economía sumergida. Y todo ello sin reducir los ingresos en las arcas públicas, sino todo lo contrario.

Javier Benavente Barrón es Presidente de la Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP)