Blindar el gasto social a cambio de estabilidad presupuestaria
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció el lunes que su formación votaría hoy a favor de la derogación del artículo 135 de la Constitución, cuya reforma fue pactada por PSOE y PP en 2011, en pleno acoso de los mercados. Ese artículo consagraba el equilibrio presupuestario como principio fundamental de las cuentas públicas y priorizaba la reducción de la deuda frente a cualquier otra partida de gasto. La amenaza finalmente se cumplió y el PSOE votó a favor de una proposición de ley de la Izquierda Plural que solicitaba la derogación del citado artículo. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, tildó de populista el anuncio de Sánchez y lo calificó como un “mensaje erróneo” para la sociedad, los mercados y los inversores. “Ojo con las medidas populistas que derogan la confianza económica y política”, dijo.
Pese al anuncio público de Sánchez y al apoyo expreso a la iniciativa de Izquierda Plural, la medida parece que tiene más de cosmética que de realidad. En un encuentro con los medios de comunicación, el secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha, trató de desmarcarse de las actitudes de otras formaciones, como Podemos o IU, respecto a la reestructuración de la deuda y quiso dejar claro que si vuelven al Gobierno, la deuda no se va a dejar de pagar. “España es un estado serio y garantiza el pago de su deuda. No vamos a hablar de auditoría ni de impagos (en clara alusión a las propuestas de Podemos). El PSOE nunca va a defender una reestructuración unilateral de la deuda. Se dispararían los costes de financiación, habría una salida masiva de inversión, habría serios problemas para financiar el déficit y el final podría ser la salida del euro si el BCE corta la financiación”, enfatizó De la Rocha.
La propuesta socialista quiere que se garantice gasto por valor del 21% del PIB
No obstante, el secretario socialista de Economía sí dejó claro que la derogación del artículo se cambiaría por una modificación del mismo en dos vertientes. La primera sería sustituir el equilibrio presupuestario (sinónimo de déficit cero) por la estabilidad presupuestaria (ligada al ciclo). La segunda se refiere a que la reducción de la deuda como prioridad se vería complementada por el blindaje del gasto social, representando en pensiones, sanidad y educación. “Hasta ahora tan solo la educación es un derecho social y queremos extenderlo a los otros dos”. El blindaje, según De la Rocha, se traduciría en una cláusula mediante la que el Estado se impondría dotar presupuestariamente esas tres partidas “para garantizar la suficiencia financiera”. Esto se traduciría en que el Gobierno debería disponer anualmente de 210.000 millones (21% del PIB) para sufragar el coste de las pensiones (12%), Sanidad (6,2%) y Educación (4%). Un cálculo conservador y que iría incrementándose en el caso de las pensiones por el crecimiento previsto de beneficiarios para los próximos ejercicios.
Preguntado por si el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, dotado en la actualidad con 48.722 millones de euros, y la última reforma de las prestaciones del PP serían suficientes para garantizar la suficiencia financiera, el secretario de Economía del PSOE fue claro: “No. La reforma del PP lo único que garantiza es que las pensiones futuras serán inferiores a las actuales, pero no garantiza su pago. Si los gastos suben en 20 puntos por el impacto de la generación del baby boom (aquellos que empezaron su vida laboral en el entorno de 1970), habría que abrir el sistema a nuevas fuentes de financiación”. De la Rocha apuntó que los ingresos por cotizaciones tienen un escaso recorrido al alza, por lo que habría que recurrir a aportaciones presupuestarias para el pago de las prestaciones.
En el caso de la educación y de la sanidad, el principal problema sería de competencias. Estas están transferidas del Estado Central a las comunidades autónomas, que son las que asumen el gasto y las que tendrían que valorar e informar al Estado sobre sus necesidades, muy diferentes en función de su población y de su territorio.
No al contrato único para combatir la temporalidad
El futuro programa del PSOE se comprometerá a derogar al menos parte de la reforma laboral implantada por el actual Gobierno y a plantear un nuevo estatuto del trabajador que se adapte a los tiempos actuales. Algunos de los objetivos deslizados por De la Rocha serán recuperar la “socavada” negociación colectiva y eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres.
En cambio, no es partidario del contrato único para reducir la temporalidad, puesto que las diferencias actuales de indemnizaciones (12 días en contratos temporales y 20 días por causas económicas para los indefinidos) “no son muy amplias”. Además, no aclaró si el PSOE derogará la rebaja que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en las indemnizaciones por despido (reducción a 20 y 33 días), en función de si es por motivos económicos o es improcedente.