Claves de la equiparación de los títulos pre-Bolonia a técnico, grado y máster

La equivalencia al marco actual de los títulos anteriores a la reforma del sistema educativo, implantada con el llamado Plan Bolonia, acaba de convertirse en realidad. O casi. Tras más de ocho meses de gestación y por iniciativa del Ministerio de Educación, el Gobierno aprobó el viernes el Real Decreto 967/2014 por el que se establece “el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior (Meces) de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado”. Una normativa sobre la que se había apuntado la atención de muchos profesionales, entre ellos los ingenieros, que se encuentran en situación de desventaja con respecto a sus colegas extranjeros cuando buscan trabajo fuera de España, al no poder ostentar un título universalmente reconocido.

La equivalencia “es una necesidad imperiosa”, se explica en el preámbulo de la norma, “para facilitar el ejercicio de los derechos académicos por parte de los egresados de la anterior ordenación, dentro y fuera de nuestras fronteras”. El legislador admite asimismo que estos profesionales “están encontrando dificultades para el reconocimiento del verdadero nivel de sus estudios”.

El real decreto regula, entre otras cosas, la homologación de estudios extranjeros de educación superior por los correspondientes españoles de enseñanzas universitarias. Pero el capítulo que más polémicas y rechazo levantó entre los ingenieros y los funcionarios en la fase previa a la aprobación, es el tercero, sobre la equivalencia de los pre-Bolonia al sistema actual. La mayoría de estos profesionales hubieran preferido una correspondencia directa de todos los ingenieros –los de antes y los de después de la reforma– con el marco europeo EQF (por sus siglas en inglés), el único capaz de garantizar su empleabilidad en el exterior, según ellos.

Además, la declaración de equivalencia al Meces podría demorarse entre seis y nueve meses a partir del inicio del procedimiento, según se desprende de la lectura del real decreto, publicado en el BOE el sábado y en vigor desde el domingo.

Estas son las etapas del procedimiento que ya se puede iniciar para asignar a cada una de las 140 titulaciones anteriores al Plan Bolonia los actuales niveles de técnico, grado y máster.

El “período de información”, sin límite. Es la Dirección General de Política Universitaria (DGPU), un organismo dependiente del departamento que dirige José Ignacio Wert, quien empieza el procedimiento. Puede hacerlo “por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia”, reza el real decreto. Tras la solicitud, este organismo puede abrir un “periodo de información” previo para decidir si conviene iniciar el trámite. La normativa no establece ningún límite para este lapso.

El informe de la Aneca, tres meses. O más. Una vez abierto el procedimiento, la DGPU pide “un informe preceptivo y determinante del contenido de la resolución” a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación (Aneca). En teoría, el plazo en el que la agencia tiene que evacuar el informe es de tres meses, pero se puede ampliar. El nuevo plazo “no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento”, según la Ley 30/1992, citada en el real decreto.

Los criterios que la Aneca deberá tener en cuenta para asignar al antiguo título el nivel de técnico, grado o máster son “la formación adquirida, la duración o la carga horaria”.

El informe del Consejo de Universidades, sin límite. En cuanto tenga en su mesa el informe de la Aneca, la DGPU solicita un informe al Consejo de Universidades, el órgano que reúne a todos los rectores españoles. Su pronunciamiento es “preceptivo, pero no vinculante”. El real decreto no especifica ningún tipo de plazo para su notificación.

El “período de información pública”, no menos de 20 días. Antes de que termine la fase de instrucción del procedimiento, la DGPU acuerda un período en el que los colegios profesionales puedan conocer la documentación que maneja el organismo y presentar un informe “no vinculante”. La posibilidad de examinar el expediente y formular alegaciones atañe también a “cualquier persona física o jurídica”. El plazo para hacerlo será de un mínimo de 20 días.

Propuesta al ministro. Una vez terminada la fase de instrucción, la DGPU propone al ministro de Educación la resolución del procedimiento, a través de la Secretaría de Estado de Educación.

Aprobación del Consejo de Ministros. A propuesta del titular de Educación, el Gobierno aprueba la resolución “en la que se reconocerá la correspondencia del título examinado al correspondiente nivel del Meces”.

El artículo 25 del real decreto establece que el plazo máximo para publicar la resolución es de seis meses. Sin embargo, se prevé la posibilidad de paralizar este plazo mientras la Aneca elabora su informe, aunque durante tres meses como máximo. Fuentes de la ingeniería española han señalado a este periódico que todas aquellas titulaciones sobre las que no existen dudas con respecto a su efectivo nivel dentro del nuevo marco, deberían obtener este reconocimiento “muy pronto, posiblemente en enero”.

Una vez publicada la resolución en el BOE, la correspondencia de títulos se inscribirá en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. La mera referencia a la publicación en el BOE servirá para acreditar la equivalencia de su propio título antiguo al nivel Meces correspondiente, aunque será siempre posible solicitar un certificado a la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones.

Las mismas fuentes consultadas aseguran que otro real decreto –esta vez sobre el suplemento europeo al título– actualmente pendiente del informe del Consejo de Estado, se encargará de efectuar la última conversión, la que los ingenieros llevan reivindicando desde hace más de un año: la equivalencia entre los títulos españoles del Meces y el marco europeo EQF.

Cuatro colegios de ingenieros expresan su disconformidad

Los ingenieros industriales, aeronáuticos, agrónomos y navales cargan contra el Real Decreto 967/2014, aprobado el viernes por el Gobierno, sobre la equiparación de los títulos pre-Bolonia al marco actual (Meces). Sus colegios generales respectivos, que representan a un colectivo de unos 70.000 profesionales, han emitido este martes un comunicado conjunto en el que tildan de “burocratizado, innecesario y lento” el procedimiento establecido por la norma para llegar a la equivalencia. Por esta razón, y porque el real decreto no incluye su principal reivindicación, es decir una equiparación rápida y directa de los títulos de ingeniero al nivel europeo EQF-7, expresan su desacuerdo con la solución que el Ejecutivo acaba de adoptar.

“No estamos satisfechos. Las alegaciones que presentamos en su día no han recibido respuesta, el Gobierno no nos ha hecho caso en nada”, ha declarado el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, Baldomero Segura. “Este real decreto asigna a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) –un organismo que depende de Educación– la tarea de emitir un informe sobre la equivalencia, después de un procedimiento muy largo”, señala. “Si la razón para aprobar este real decreto es que hay titulaciones antiguas que pueden presentar unos problemas a la hora de equipararlas al Meces, tenían que decir cuáles eran, pero no meternos a todos en el mismo saco y marear la perdiz”.

Pese a las discrepancias manifestadas, los cuatro colegios profesionales en su comunicado urgen al departamento que dirige José Ignacio Wert “a que aborde, con la máxima prioridad, urgencia y diligencia, la solución del problema que afecta a las empresas españolas que desean competir en el extranjero y por lo tanto a la posible creación de empleo, y por supuesto a los ingenieros”.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Caminos, que cuenta con 26.000 colegiados, expresó su satisfacción por la aprobación de real decreto ya en la tarde del viernes. Como se reflejó en un comunicado del organismo, los ingenieros de caminos definen esta norma “trascendental para el reconocimiento profesional en el extranjero de los titulados de universidades españolas y para la mejor competitividad de las empresas españolas”.