Editorial

Falta grave de transparencia

El Gobierno prometió al comenzar la legislatura y confirmó este año que en diciembre enviaría a los cotizantes de la Seguridad Social con 50 y más años una estimación de la pensión pública que percibirían cuando se jubilen. El ensayo de pensión se elaboraría con la carrera de cotización hasta ahora y proyectándola hasta el retiro legal, sin considerar cambios normativos adicionales, para ilustrar a los afectados sobre sus rentas públicas en el futuro y que con ellas determinaran si deseaban complementarlas con otras de carácter privado. Un ejercicio clarificador para los asalariados y autónomos que introduce transparencia y permite anticipar decisiones de largo plazo.

Pero ahora, el Gobierno, en un ejercicio de falta grave de transparencia, aplaza su promesa alegando motivos técnicos poco creíbles y no ofrece una nueva fecha para hacerlo. La suspensión ha sorprendido a la industria de los fondos de pensiones, que quería utilizar el envío masivo de cartas con la estimación de la pensión pública como catapulta en la campaña de captación de ahorro privado. La sospecha apunta a la inconveniencia política que supondría para los intereses del Gobierno introducir ahora un motivo más de incertidumbre en la ciudadanía, aunque la intención fuese de generar certidumbre sobre el futuro.