Las afectadas temen un fuerte encarecimiento de su factura energética

La gran industria acude“aterrada” a la subasta de su incentivo eléctrico

La subasta la organiza REE entre el lunes y el viernes próximo

La siderurgia teme que el precio de las pujas se hundan

El incentivo tiene un coste de 550 millones este año

Planta de Siderúrgica Sevillana.
Planta de Siderúrgica Sevillana.

Entre el próximo lunes, 17, y el viernes, 21, Red Eléctrica organizará la primera subasta para asignar a la gran industria el llamado servicio de interrumpibilidad. Un nuevo mecanismo para determinar el incentivo en la factura eléctrica de los grandes consumidores, que estos han recurrido en los tribunales. No obstante, las empresas industriales que cuentan con este servicio (y algunas más) acudirán a la subasta, aunque se enfrentan a ella “aterradas”, según fuentes del sector siderúrgico.

 El cambio para adjudicar la interrumpibilidad, (un sistema por el cual la industria se compromete a reducir o interrumpir su consumo eléctrico en función de las necesidades del sistema a cambio de una retribución consistente en un menor precio de la luz), formó parte del paquete de la reforma eléctrica impulsada por el Ministerio de Industria en julio del año pasado.

Precisamente, una de las primeras normas aprobadas fue la orden ministerial que establecía la nueva interrumpibilidad (la 2013/2013 de 31 de octubre) y que, sin haber llegado a aplicarse, fue modificada en marzo de este año (346/2014). Con el objeto de reducir el coste de este servicio (de 750 millones a 550 millones este año) en los peajes eléctricos y paliar así el déficit de tarifa, Industria optó por un sistema de subastas competitivas “similar al de otros mercado conocidos, como las lonjas de pescado o las subastas de flores holandesas”.

Pero, a diferencia de una subasta de pescado, en la que se conocen las ofertas de los demás, la de la interrumpibilidad es “una subasta ciega, dentro de una cabina”, critican las afectadas. De hecho, como se compite por contador o punto de suministro, se va a dar la circunstancia de que una misma planta compita consigo misma.

Las empresas dicen estar asustadas porque REE no ha querido realizar pruebas previas para aplicar un sistema novedoso, o “experimento poco sensato”, como lo definen en una compañía. Pero, sobre todo, porque los precios irán con seguridad a la baja y se encarecerá la factura eléctrica de la industria española.

Las interrumpibles podrían perder entre un 10% y un 15%, según estimaciones de REE, y entre un 40% y un 50%, según la propia industria. En definitiva, más de 10 euros MWh, que se añade a los incrementos de los precios de futuros en España. La preocupación es sonora en el grupo de las cinco grandes instalaciones de la llamada tarifa G-4, propiedad de ArcelorMittal, Alcoa y Asturiana de Zinc.

Según la primera convocatoria publicada en una reciente resolución del ministerio, se subastarán dos productos de potencia interrumpible, uno para reducciones de consumo de 5MW y otro de 90 MW, mediante un sistema informatizado de precio descendente. A partir del precio de salida, el importe va bajando en cada ronda a un precio previamente establecido. El servicio se asigna al último competidor que permanezca en la puja sin retirarse y, por tanto, dispuesto a prestarlo a un precio más bajo. Más concretamente, se ofrecerán nueve bloques de 90 MW y otros 238 de 5 MW, lo que suman 1.190 MW. Los grandes acudirán a los bloques de 90 MW, pero se encontrarán con la competencia de nuevos entrantes.

Cada bloque se subastará de forma independiente, de ahí que la subasta, que se celebrará en el reciento ferial de Ifema, en Madrid, y será supervisada por la CNMC, dure cinco días.

En una reunión de la Mesa del Acero que tuvo lugar el miércoles en el Ministerio de Industria, los representantes de las empresas advirtieron “del desastre” que supondría tal caída de precios en la nueva subasta. El secretario de Industria le quitó importancia.

 

Un sistema para recortar el déficit de tarifa

Aunque el Ministerio de Industria mejoró en 2012 el incentivo eléctrico de la industria, en 2013 optó por ajustarlo dentro del marco de la reforma eléctrica cuyo objetivo era acabar con el déficit de tarifa. Así, los 750 millones de euros que las empresas recibieron el año pasado, se han convertido en 550 millones en 2014. Además, la asignación del incentivo se hará mediante un sistema de subastas que se estrena la semana que viene y del que las afectadas recelan.

Otro punto polémico es quien financia ese coste. Hasta ahora, el servicio de interrumpibilidad se consideraba un coste regulado del sistema, esto es, lo pagaban los consumidores en los peajes. Sin embargo, y pese a que la Ley Eléctrica mantiene dicha consideración, la orden de marzo que fija las subastas, dice que el término fijo de la interrumpibilidad (que ahora se subasta) lo pagarán, en parte, los generadores en función de su firmeza (pagaría más, por tanto, la tecnología eólica) y, en parte, la demanda (los consumidores).

Con el porcentaje que corresponde a cada uno de ellos está por determinar, las empresas eólicas están presionando para que el coste para ellas sea mínimo alegando que han sido las más perjudicadas por los recortes de las renovables.

De una u otra solución dependerá que la interrumpibilidad cueste más o menos al sistema y que contribuya más o menos a evitar el déficit de tarifa.