El escenario político tras el 9-N

Cataluña, abocada a unas elecciones anticipadas

 El presidente de la Generalitat, Artur Mas, es recibido con aplausos a su llegada a la sede del partido.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, es recibido con aplausos a su llegada a la sede del partido.

Cataluña se dirige inexorablemente a unas elecciones anticipadas. La formación del presidente Artur Mas se ha dado dos semanas para tratar de pactar un referendum constitucional con Rajoy, algo poco probable. En caso de fracaso optaría por unas elecciones con caracter plebiscitario. ERC rechazó participar en esa candidatura y abogó por un adelanto tradicional y un posterior gobierno de transición en pos de la independencia.

La fractura entre los partidos que defienden la consulta por la independencia y los que la rechazan se hizo más grande en la jornada posterior al 9-N. Por un lado, PP, PSOE, UPyD y Ciudatans abogaron con distintos argumentos por el rechazo radical a la consulta de independencia y exhortaron al presidente catalán a que frenara su deriva soberanista. En el otro lado, CiU, ERC, ICVy CUP remarcaron el éxito de la consulta participativa del domingo (con más de dos millones de votos) e insistieron en el argumento de que la movilización popular desplegada en Cataluña era razón más que suficiente para que el Ejecutivo central les permita hacer un referéndum constitucional. Los datos definitivos de la consulta muestran que el 80,76% de los ciudadanos que participó votó ‘sí’ a las dos preguntas que se plantearon. ¿Quiere que Cataluña sea un estado? ¿Y si es así lo quieren independiente?.

El 10,1% de los votantes quiere que Cataluña sea un Estado, pero que siga dependiendo de España

Según un comunicado de la Consejería de Gobernación de la Generalitat, 1,86 millones de personas se inclinaron por el doble sí, aunque a este dato hay que añadir el voto de los catalanes que viven en el extranjero. 232.182 (el 10,1% del censo) abogaron por un sí en la primera pregunta y un no en la segunda, mientras que 104.772 (el 4,54%) votaron que no en la primera y por lo tanto no tuvo que contestar a la segunda.

Los plazos y las decisiones que maneja cada una de las formaciones defensoras de la independencia cataluña son muy diferentes y son una muestra de lo separadas que se encuentran algunas de las posturas. El Gobierno catalán no está dispuesto a seguir alargando más la tensión con el Ejecutivo central. Tras varios meses en los que Rajoy ha rechazado la consulta por no tener encaje en la Constitución, las posibilidades de un acuerdo parecen mínimas. Así lo dejó claro el coordinador general de CDC, Josep Rull, quién abogó por intentar negociar un “referendo pactado” con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Después de la reunión de la Ejecutiva del partido, Rull apuntó que la negociación con el Gobierno central es una cuestión que debe ir “muy rápido” y que “no se puede eternizar" (habló de un plazo en ningun caso superior a dos semanas), mientras que es “radicalmente optimista” de cara a acordar unas plebiscitarias. Unos comicios en los que CiU acudiría sin un programa electoral y en el que el único asunto para votar sería el del derecho a decidir. La formación liderada por Mas apuesta por una candidatura conjunta. Algo que rechaza ERC. El socio de gobierno de Mas aboga por un adelanto electoral tradicional. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, remarcó ayer que tras el proceso participativo del 9N es necesario convocar unas “elecciones constituyentes”, sin concretar fechas, para luego formar un gobierno de transición en Cataluña que lidere la transición hacia la independencia. En la misma línea se manifestó el coordinador nacional de ICV, Joan Herrera, quién aseguró que la única solución “es una consulta vinculante” y rechazó las tentativas a buscar “atajos” como pueden ser unas elecciones plebiscitarias, de las que los ecosocialistas se desmarcan claramente.

La formación de un frente común en torno a un proceso de independencia no hizo mella en el Gobierno, que no se movió ni una coma con lo expresado horas antes por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Poco minutos después de conocerse a última hora del domingo que más de dos millones de catalanes habían votado, Catalá lo calificó como “un acto de propaganda organizado por los independentistas, sin validez democrática y con el objetivo de ocultar el fracaso de Artur Mas”.

De hecho, las únicas declaraciones que realizaron los portavoces populares fueron para criticar al lider socialista, Pedro Sánchez, por su equidistancia respecto al desafío soberanista. “Una vez más, Pedro Sánchez se mantiene en la equidistancia entre quienes pretenden la secesión de nuestro país y, por tanto, la ruptura de España, y quienes defendemos la Constitución”, señaló el vicesecretario general del Organización del PP, Carlos Floriano, en un comunicado.

Tras lamentar la “falta de implicación” de Sánchez en la defensa de los intereses de los catalanes que quieren seguir siendo también españoles, Floriano aseguró que el PP está “abierto al diálogo” sobre una reforma de la Constitución y advirtió que “en un asunto tan importante como es la soberanía nacional no se puede jugar a dos bandas”. A su juicio, el PSOE propone una reforma de la Constitución para “dar satisfacción precisamente a quien ha pretendido saltarse la ley y a quien, a la espera de lo que determine la Fiscalía, se manifiesta como ‘responsable’ del 9N”.

Cameron pide que se respete la legalidad

El primer ministro británico, el conservador David Cameron, expresó su apoyo a la “unidad” de España y destacó la importancia de que los referendos se celebren respetando el marco constitucional. En una intervención en la reunión anual de la Confederación de la Industria Británica (CBI), Cameron dijo que el Reino Unido es “gran amigo” y “aliado” de España. Preguntado por los consejos que le daría a Mariano Rajoy tras el referéndum en Cataluña, Cameron dijo que quería que España permanezca “unida” y defendió la importancia de que los plebiscitos sean convocados por la vía legal.

Bruselas dice que es una cuestión interna

La Comisión Europea se negó a valorar los resultados de la consulta participativa en Cataluña. La portavoz jefe comunitaria, Mararitis Schinas, defendió que es un asunto de organización interna. “No es el papel de la CE expresar una opinión sobre cuestiones de organización interna que tienen que ver con el orden constitucional de los Estados miembros”, aseguró en conferencia de prensa. El Ejecutivo comunitario, que ahora preside el luxemburgués Jean-Claude Juncker, ha venido reiterando que el debate soberanista catalán es una cuestión de organización constitucional interna.

Los jueces no prevén consecuencias penales

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, consideró “bastante discutible” que la celebración de la consulta pueda tener consecuencias penales porque, en su resolución de suspensión, el Constitucional no advirtió a Mas de la obligación de cumplir dicha suspensión y de las responsabilidades e infracciones que supondría ignorarla. “Por lo tanto, no se dan los requisitos para que pueda haber un delito de desobediencia”, concluyó. JpD tampoco aprecia delito de prevaricación “porque no queda nada claro que haya autoridades que hayan dictado actos administrativos”.